caso grúas - La LAguna

Denuncian 24 casos de presunta prevaricación en otros tantos contratos del Ayuntamiento lagunero

Santiago Pérez (XTF-NC) entrega en el juzgado un macrorrelato sobre cómo sistemáticamente se prorrogan los vínculos con empresas contra el criterio de legalidad de la Intervención Municipal

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias en La Laguna, Santiago Pérez, ayer a la salida de los juzgados. DA

Hasta 24 presuntos delitos de prevaricación, uno detrás de otro y cometidos a buen ritmo, con una media ligeramente superior de uno al mes.

Tan habitual como que permite hablar de modus operandi. La manera de obrar tiene dos caminos y la misma meta. Se trata de contratar con una empresa bajo unas condiciones. Extinguido el contrato, y en vez de respetar esas condiciones en cuanto a su duración, se conceden prórrogas con carácter retroactivo o, simplemente, se autoriza su continuidad.

Lo que se consigue, obviamente, es no tener que volver a sacar la concesión municipal a concurso ni volver a adjudicarla, manteniendo (o incluso mejorando) las condiciones de tan favorecidas empresas. Ojo, con el mismo precio. Como si no pasara el tiempo.

Todo ello presuntamente ilegal. Al menos, ese es el criterio que, en los 24 casos, mantuvo, uno detrás de otro, la Intervención municipal lagunera, cuyos 53 reparos (a veces son dobles) presentados contra esas prácticas fueron levantados en un total de 48 ocasiones a cuenta de esos 24 contratos.

Ese es el contenido esencial de la denuncia presentada en la mañana de ayer por el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, ante un juzgado de guardia de La Laguna. Se trata, más bien, de una macrodenuncia, y en ella se acusa al Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados de las referidas 24 presuntas adjudicaciones ilegales de contratos municipales en un periodo comprendido entre marzo de 2015 y febrero de 2017. Es decir, un intervalo que incluye la etapa como alcalde del hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la del actual, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria (CC). Si bien la denuncia no hace referencia a ellos personalmente, sí que señala a la Alcaldía como órgano que levanta sistemáticamente los reparos de legalidad interpuestos por el interventor (sí, como en el famoso caso Grúas).

De la gravedad de este nuevo caso, que ensombrece aún más si cabe la gestión municipal lagunera de los últimos años, da buena cuenta el dato de que, según la demanda, el dinero desembolsado desde las arcas municipales a través del procedimiento descrito supera los 18 millones de euros, concretamente 18.134.406,2 euros. El ‘negocio’ completo, o sea, el importe original de estos contratos, es de 45.723.133,82 euros.

Dos pinceladas. En uno de los casos se trata de un servicio contratado como menor, es decir, sin concurso al ser inferior a 18.000 euros. Gracias a esta política de extensiones que practica el Ayuntamiento de La Laguna, la empresa en cuestión ya ha cobrado 156.288 euros, multiplicando abrumadoramente el límite legal citado. La otra nota de color es la presencia de otro contrato que supera los tres millones de euros anuales y al que también se le aplicó la presunta prórroga ilegal.

Por qué es ilegal

En el voluminoso texto de Santiago Pérez se incluyen todos los informes en los que la Intervención municipal alerta sobre la ilegalidad que se detecta en los 24 procedimientos denunciados.
Como es lógico, los argumentos del interventor municipal, Gerardo Armas Davara, varían según cada caso, pero hay tres argumentos que se repiten de forma constante.

El primero es que, como se ha dicho y ahora se repite en palabras del interventor, “con la adopción de acuerdos autorizando la continuidad de la prestación del servicio, en iguales condiciones que el contrato suscrito inicialmente, podríamos entender que lo que realmente se persigue es la prórroga de dicho contrato, una prórroga que sería contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de contratos y a lo estipulado por las partes”.

En el segundo argumento se recuerda que “no pueden alterarse, por vía de modificación del contrato, aspectos esenciales del mismo, ya que ello variaría sustancialmente las Bases que dieron lugar a la adjudicación del contrato inicial, lo que estaría en contradicción con los principios de publicidad y libre concurrencia que deben presidir la contratación pública que rige la contratación y al propio Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

El tercero es, jurídicamente hablando, de cajón: “Estas autorizaciones deberían derivar en una declaración de nulidad del acto” en cuestión.

Pero hay más supuestas ilegalidades, y no solo expuestas por el interventor, sino también por la Técnico de Administración General de Deportes del Organismo Autónomo lagunero. Por una parte, que muchas propuestas fueron iniciativa de los concejales del área, y no de los técnicos como es preceptivo. Por otro, el hecho de que no se cuantifique el coste o “incluso, que se les ha dado a esas prórrogas un carácter retroactivo para intentar justificar el mantenimiento de la adjudicación”. A estas alturas, ni que decir tiene que “la retroactividad de un acto es excepcional y en esta actuación se utiliza de forma general”.

Las excusas

Como ocurre con la retroactividad, se invoca el estado de necesidad como excusa para extender esos contratos extinguidos sin base legal, una figura que viene a ser como la legítima defensa. Como es lógico, no puede hablar de necesidad quien la ha generado al dejar extinguir el contrato, como no puede hablar de legítima defensa el que causó el peligro.

Respecto a la contraposición de informes elaborados por otros técnicos a la hora de justificar el levantamiento de reparos, también se omite un aspecto fundamental: quien está habilitado por el Estado para la fiscalización previa de la legalidad en todo acto que cueste un euro a las arcas municipales es, justo, el interventor municipal.