No cumplir con la normativa europea en materia de tratamiento de aguas residuales tiene sus consecuencias, no solo medioambientales, sino también económicas. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) está a punto de emitir una sentencia tras el incumplimiento de España en depuración de aguas negras y vertidos, la cual podría suponer una multa que, solo en el caso de Canarias, ascendería, como mínimo, a más de 750.000 euros. Así lo adelantó a DIARIO DE AVISOS el consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez, quien puntualizó que el Gobierno estatal está a la espera de lo que decida el Tribunal Europeo después de que el pasado 19 de abril se celebrase la vista oral entre ambas partes y en la que los representantes españoles dieron cuenta de la actual situación a colación de los expedientes abiertos tras la información recogida hace cerca de una década.
En el citado encuentro, España dio cuenta del escenario actual, en donde se localizan siete aglomeraciones urbanas que incumplen todavía las exigencias en materia de depuración o en cuanto a la red de alcantarillado. Una de esas siete áreas se localiza en Canarias: el Valle de Güímar. Además, ese listado lo componen otras aglomeraciones de la Península como son, por ejemplo, Tarifa, Gijón o Coín. Si bien es cierto que cuando este expediente sancionador echó a andar, en el año 2011 (con datos de 2007), la cifra de aglomeraciones urbanas que no aprobaban ascendía a 37. En ese momento, además del Valle de Güímar, también estaba incluida la Comarca Nordeste de La Laguna aunque, finalmente, la depuradora puesta en servicio recientemente ha permitido que el problema en la actualidad esté resuelto.
Al respecto, Manuel Martínez indicó que a pesar de que habrá que esperar a conocer el dictamen de la Justicia (tras el expediente elevado por la Comisión Europea), todo parece apuntar a que el Reino de España deberá hacer frente a las sanciones correspondientes solo a esos siete puntos que aún sigue sin solucionar sus problemas.
Con respecto a las cuantías de esas más que probables sanciones, el responsable insular de Aguas aclaró que las cifras están estipuladas por la UE, en función, entre otros parámetros, del número de habitantes que abarca el área sancionada y los días que transcurran hasta no cumplir con las exigencias.
En este sentido, según los cálculos del Consejo Insular de Aguas (Ciatf), teniendo en cuenta que en el caso de España asciende a 379.017 personas y que se estipula una sanción global de 53.441,56 euros por cada día que se incumpla la norma, en Tenerife (el único de Canarias en la lista negra) se tendría que hacer frente a una multa de aproximadamente 1.395 euros diarios hasta que entren en funcionamiento las medidas correctoras. Si bien es cierto que la obra de la depuradora del Valle de Güímar (que abarca las localidades de Güímar, Candelaria y Arafo) se inició el pasado mes de octubre, el periodo de ejecución previsto asciende a 24 meses, de los restarían 18 hasta tener solucionado el problema. Esto supone que la multa podría alcanzar los 753.300 euros en este tiempo.
A esta cifra correspondiente a la sanción coercitiva, habría que sumarle la multa por el incumplimiento hasta el momento, la cual aún es difícil precisar. Con respecto a quién deberá hacer frente al pago de esas cantidades, Martínez insistió en que tendrá que ser el Ministerio de Asuntos Exteriores (el interlocutor de España en Europa en este caso) el ente que lo determine. Aun así, fue claro: “El Cabildo no tiene responsabilidad en materia de alcantarillado ni de depuración, ya que corresponden a los municipios, como recoge la ley de la administración local”, lo que, a su juicio, les exime de este pago.
El consejero insular de Aguas, sobre el caso de la aglomeración del Valle de Güímar, recordó que el Cabildo asumió la ejecución de la depuradora, con financiación propia, después de cerca de dos décadas con una obra finalizada y sin entrar en funcionamiento. “En 2015, cuando asumí la responsabilidad del Ciatf y conocí este asunto y la existencia de sanciones, comenzamos a buscar soluciones y, finalmente, nos encargamos del proyecto, que arrancó en octubre de 2017”, apuntó.
Además, Martínez explicó que, aunque este expediente es el más avanzado, ya que está solo a expensas de la sentencia judicial, no descarta que las sanciones puedan seguir llegando, por lo que insistió en la necesidad de seguir trabajando en resolver los problemas de alcantarillado y depuración. En estos momentos, y según los últimos datos del Plan Hidrológico de Tenerife, la Isla dispone de 65 aglomeraciones urbanas, de las cuales 34 cumplen con la normativa europea, mientras que las 31 restantes no se adaptan a lo exigido. “Ya que la información se remite periódicamente, pueden seguir llegando más multas”, aseveró.
El Cabildo advierte de que pueden venir más sanciones
El consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez, aseguró que tras este expediente pueden venir otros por parte de la Unión Europea. Por ello, insiste en que hay que seguir impulsando la ejecución de proyectos de depuración y tratamiento de aguas residuales en la Isla y citó, como ejemplo, el caso de la estación prevista para la Isla Baja.
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