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El interventor del Cabildo denuncia que es “imposible” hacer su trabajo

Antonio Messía, clave para destapar escándalos como el de los swaps o el del Recinto Ferial, recuerda al equipo de Carlos Alonso su obligación legal de dotarle con medios suficientes
El Cabildo de Tenerife corre el riesgo de quedar sin control presupuestario legal ante la carencia de medios que sufre la Intervención General. DA
El Cabildo de Tenerife corre el riesgo de quedar sin control presupuestario legal ante la carencia de medios que sufre la Intervención General. DA
El Cabildo de Tenerife corre el riesgo de quedar sin control presupuestario legal ante la carencia de medios que sufre la Intervención General. DA

El interventor del Cabildo de Tenerife, Antonio Messía de Yraola, ha denunciado en un informe público que en la actualidad “se está haciendo imposible” cumplir con las funciones que le otorga la ley, sin las cuales el equipo de gobierno que preside Carlos Alonso podría gastar el dinero público sin los controles pertinentes.

Hay que tener en cuenta que la labor de este interventor ha sido clave para desvelar alguno de los numerosos escándalos que rodean al cabildo tinerfeño. En concreto, los informes de Messía de Yraola fueron fundamentales en el caso Swaps y en el caso Recinto Ferial, como bien recuerda la consejera insular de Podemos, Mila Hormiga, quien ayer expresó su pleno apoyo a las demandas de este interventor.

Sin embargo, no consta que el Cabildo haya reaccionado ante las graves denuncias efectuadas desde el mecanismo de control interno de la institución que, según apunta Messía de Yraola en sus conclusiones, impedirá “que en la gestión puedan garantizarse los principios de transparencia, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines sociales e institucionales previstos”, con las consecuencias legales que para Alonso y sus compañeros de gobierno pudieran derivarse.

No en balde, el Cabildo está obligado legalmente por el artículo 4.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, en el que se dispone que ”el órgano interventor [es decir, la Intervención] dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes”.

Para explicar el porqué de su denuncia, el interventor del Cabildo alude a unas “circunstancias excepcionales” para luego enumerarlas. La primera de ellas, la separación del Servicio de Contabilidad respecto de la propia Intervención, lo que “ha generado automáticamente una insuficiencia manifiesta de medios personales para atender las tareas propias del ejercicio de la función interventora que desempeñaba dicho personal, las cuales han quedado sin cobertura y motivan la necesidad urgente e inaplazable de dotar de personal a la Intervención”.

También cita Messía de Yraola el volumen de trabajo devenido de la implantación del principio de transparencia, dado que la Intervención “lleva el peso final de los informes de evaluación, con sus correspondientes ajustes y propuestas, y toda la responsabilidad administrativa y contable y de todo orden, inherente a los mismos por posibles errores u omisiones derivados de los ajustes en los cálculos”.

Por su parte, Mila Hormiga, manifestó ayer su apoyo a las demandas de la Intervención General del Cabildo relativas a la mejora de personal destinado a la fiscalización y control interno. Estos nuevos recursos, según la consejera, destinados a la intervención General, “llegan con mucho retraso, a pesar de ser necesarios para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, y avalar que en la gestión puedan garantizarse los principios de transparencia, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines sociales”.

El expediente que se aprobó en el pasado pleno, con el apoyo del grupo Podemos, responde a las demandas del interventor para atender al cumplimiento de las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico y aumentar los recursos humanos disponibles en su área y crear un nuevo Servicio Administrativo de Análisis Económico, Sostenibilidad y Control Financiero.

Las competencias y funciones esenciales del nuevo Servicio serán, entre otras, el análisis de riesgos en el desarrollo de la actividad económico financiera y la Auditoria Pública de las Entidades incluidas en el Sector Público Empresarial de la Corporación. Para Mila Hormiga, “con estas nuevas medidas esperamos que no se repitan escándalos acaecidos en el Cabildo, como en Sinpromi, Recinto Ferial, etc. Y de igual manera esperamos que también se valoren mejor las decisiones financieras y que estas no sean tan desastrosas para el interés general como fueron los famosos Swaps”.

La consejera de la formación morada advierte de que “son numerosos los informes de Intervención en los que dice que no dispone de recursos humanos suficientes para hacer en tiempo y forma su trabajo. El coste estimado que hace la Intervención para mejorar su servicio es de aproximadamente 400.000 euros al año, dinero público muy bien invertido”, agregó.

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