CASO GRÚAS - LA LAGUNA

La posible imputación de Clavijo espera desde hace siete meses por un informe de la Fiscalía

El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna ha requerido al fiscal hasta en tres ocasiones para que le envíe un documento imprescindible para poder elevar el caso al TSJC

Párrafo de la tercera providencia en la que el Juzgado reclama a la Fiscalía que informe sobre el futuro procesal de Fernando Clavijo en el caso Grúas
Párrafo de la tercera providencia en la que el Juzgado reclama a la Fiscalía que informe sobre el futuro procesal de Fernando Clavijo en el caso Grúas. DA

La posible imputación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria),por el caso Grúas, está pendiente de un informe que debe elaborar el fiscal asignado al caso y que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna le lleva reclamando desde el pasado mes de diciembre sin que, al menos hasta el día de ayer, haya recibido respuesta alguna. Cabe recordar que el llamado caso Grúas versa sobre la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción (malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias), a resultas de lo cual ya están imputados (ahora investigados) el hoy alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (también de CC), y el portavoz municipal de dicho partido, Antonio Pérez Godiño.

En cuanto al informe, ya han pasado siete meses y se ha reclamado hasta en tres ocasiones. La razón por la que se solicita tal dictamen radica en que es imprescindible, tal y como estipula la legislación vigente, para elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es el competente en el caso del mandatario regional. Ello se debe a que, aunque los hechos investigados tuvieron lugar durante la etapa de Clavijo como alcalde de La Laguna, ahora está aforado dada su condición como presidente del Gobierno de Canarias.

La primera vez en que la jueza reclamó el informe del fiscal fue en una providencia dictada el pasado 13 de diciembre, como consecuencia de un auto anterior emanado desde el TSJC donde se recordaba al juzgado lagunero la necesidad de que, para poder asumir el caso Grúas, no bastaba con el mero envío de las diligencias instruidas hasta entonces, sino que era menester acompañarlas de una motivación razonada que justificase la intervención del Alto Tribunal canario. Para que así sea, la ley determina que la Fiscalía debe informar al respecto, por lo que, en la referida providencia inicial, la jueza alude a tal oficio del TSJC y ordena que “dese traslado al Ministerio Fiscal para informe”.

Sin embargo, la falta de noticias por parte del fiscal forzó a la magistrada a reiterar su solicitud, lo que hizo en otra providencia, esta con fecha del pasado 16 de abril, exactamente cuatro meses y un día después de la primera petición. Sin duda, semejante intervalo de tiempo motivó que la magistrada utilizara la siguiente expresión: “Visto el estado de la presente causa, no habiendo dado el Ministerio Fiscal cumplimiento al traslado conferido mediante resolución de fecha 13/12/17, recábese nuevamente a fin de que lo verifique a la mayor brevedad”.

Aunque en el original de esta segunda providencia están subrayadas las palabras “a la mayor brevedad”, tampoco se obtuvo el resultado deseado y, dos meses después, el juzgado lagunero dictó una tercera providencia. Fue el pasado 27 de junio cuando, además de disponer sobre otros trámites propios de estas diligencias, la magistrada fue aún más precisa en su reclamación a la Fiscalía.
En concreto, el párrafo en cuestión de esta tercera providencia dice así: “Recábese del Ministerio Fiscal [subrayado en el original] que emita los dos informes pendientes; en concreto el referido a la posible imputación del Sr. Clavijo Batlle relativo a la exposición razonada interesada por el TSJ, y el referido a la ampliación de los delitos a imputar, esto es, el de falsificación y, dado el tiempo transcurrido desde que se les solicitó”.

A este respecto, hay que aclarar que la referencia al delito de falsificación no guarda relación, en principio, con Clavijo, sino que corresponde con la solicitud realizada por la acción popular impulsada desde Unid@s se puede para que a los ya imputados (hoy investigados) Díaz y Godiño por otros tres delitos, también se les acuse de la comisión del mismo.

Mientras tanto, la instrucción ha seguido su curso en el juzgado lagunero, y en la actualidad se dirime, a la espera de lo que ocurra finalmente con Clavijo, si se cita como investigados o como testigos a varios técnicos municipales relacionados con el caso, así como si finalmente se recaban otros testimonios, tal y como han solicitado las distintas partes personadas en este proceso.

Un crédito de 120.000 euros y la prórroga de la concesión, claves

En la instrucción del caso Grúas se investigan tres decretos municipales dictados en 2014 en los que se aprobó un préstamo de 120.000 euros a la concesionaria municipal de dicho servicio, así como la prórroga de tal contrato a una empresa controlada entonces por siete empresarios que, en su gran mayoría, han reconocido vínculos personales con el entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Tanto el préstamo como la prórroga se concedieron pese a los reparos elevados desde la Intervención Municipal, que los consideraba contrarios a la legalidad vigente, entre otras cosas por las irregularidades detectadas en dicha empresa, que además incumplía gravemente el pliego de condiciones del contrato.