huelga de taxis

Podemos exige al Gobierno de Canarias que defienda los servicios públicos regulados del taxi frente a las fórmulas VTC

Manuel Marrero ha afirmado que el Gobierno de Canarias "tiene el deber de apoyar en la reunión con el Ministerio de Fomento los servicios públicos"
Manuel Marrero, diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias. | EP
Manuel Marrero, diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias. | EP
Manuel Marrero, diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias. | EP

El diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias Manuel Marrero ha exigido al Gobierno regional que en la reunión prevista mañana miércoles entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas defienda “el interés general y los servicios públicos regulados, y al día en sus impuestos, como es el taxi, frente al modelo de vehículos de transporte con conductor (VTC)”.

Manuel Marrero ha afirmado en una nota que el Gobierno de Canarias “tiene el deber de apoyar en la reunión con el Ministerio de Fomento los servicios públicos y a las centenares de familias de las Islas que trabajan en el sector del taxi”.

Para el diputado, “frente a la huelga indefinida de los taxistas que se ha extendido a las principales ciudades del país es necesario defender el interés general frente a la desregulación del sector y la apropiación en pocas manos privadas de un servicio público de transporte como es el taxi”.

Así, insiste en que el taxi “es un servicio público regulado, incluyendo las tarifas por parte de los ayuntamientos, mientras que las VTC obedecen a un modelo liberalizador, caracterizado por la falta de control, por lo que estas empresas bajan precios cuando no hay demanda pero los suben desorbitadamente cuando aumenta”.

Según Marrero, “no hay que olvidar que el conflicto es entre la gente trabajadora que paga impuestos en su país y sostiene la educación o la sanidad frente a las empresas que precarizan el empleo y eluden impuestos con ingeniería fiscal”.

Por ello, cree que el Gobierno de Canarias debe defender el blindaje de la licencia urbana para operar como una VTC, que Fomento faculte a los ayuntamientos a que reglamenten la autorización de transporte urbano de arrendamiento de vehículos con conductor garantizando el ratio 1:30 que se fija en la Ley y se paralicen las nuevas autorizaciones VTC hasta que se reúna la Conferencia Nacional del Transportes y funcione la web de control y registro.

“El Gobierno de Canarias no puede ponerse al lado de empresas que degradan las condiciones laborales de sus conductores o utilizan técnicas de elusión fiscal”, concluye.

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