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Tres asesores laborales, detenidos por falsificar en Tenerife ayudas al paro por valor de 80.000 euros

Un representante de la fundación denunció los hechos ante la Guardia Civil tras detectar irregularidades en la documentación que recibían desde una asesoría laboral de Tenerife

La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación Firmas, ha detenido en Tenerife a tres asesores laborales por la supuesta falsificación de más de un centenar de expedientes que aportaron para obtener subvenciones de una conocida Fundación española. Los detenidos son un varón de 34 años y dos mujeres de 30, todos de nacionalidad española y residentes en la isla.

La Fundación afectada colabora con la creación de empleo, otorgando subvenciones anuales a multitud de empresarios y autónomos a través de uno de sus programas sociales, aportando a éstos importantes ayudas económicas para la contratación de personas desempleadas.

La manipulación y alteración de la documentación de más de un centenar de expedientes puede haber ocasionado un fraude económico de unos 80.000 euros que iban a parar a las cuentas de los detenidos, cantidades que mermaban el número de las ayudas a los desempleados que cumplían legalmente los requisitos.

El representante de la Fundación denunció los hechos ante la Guardia Civil tras detectar irregularidades en la documentación que recibían desde una asesoría laboral de Tenerife.

Una vez que los investigadores analizaron cientos de documentos presentados en la denuncia y que se utilizaron para solicitar un buen número de subvenciones, se pudo determinar gran cantidad de irregularidades, presuntamente delictivas, iniciando la investigación al objeto de identificar a las personas que participaban en la trama, así como las funciones que desempeñaban cada una de ellas.

Fruto de estas investigaciones, tras cinco meses de obtención, revisión y análisis de documentación, los agentes pudieron determinar que los asesores laborales, ahora detenidos, todos de nacionalidad española y residentes en la isla, utilizaban la identidad de sus clientes y la documentación a la que tenían acceso por sus empleos para solicitar en su nombre, sin su conocimiento o consentimiento, subvenciones a la Fundación afectada por estos hechos, de las que se lucraban personalmente.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con sede en Santa Cruz de Tenerife.

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