La adjunta especial de Igualdad y contra la Violencia de Género del Diputado del Común, Beatriz Barrera, ha afirmado que con la dilación del desalojo de Samara Bermúdez “se ha ganado tiempo para poderle ofrecer nuevamente otra posibilidad para ella y su familia”, cumpliendo así la labor de la Institución que representa.
Así lo ha señalado en una nota tras visitar esta mañana a Samara Bermúdez, vecina de Los Llanos de Aridane, madre de tres hijos, víctima de violencia machista y cuya sentencia de desalojo de la casa que ocupa ha sido paralizada.
Beatriz Barrera ha querido dejar claro que desde la Adjuntía de Igualdad y contra la Violencia de Género del Diputado del Común “se ha actuado con la competencia que nos atribuye la Ley, haciendo las gestiones oportunas en materia de derechos fundamentales”.
La adjunta considera “evidente” que la adjudicación de las viviendas sociales se tiene que hacer según el reglamento establecido y el baremo que se contempla en cada ayuntamiento, y añade que en este caso “Samara ha ocupado esta vivienda de manera ilegal y lo reconoce”.
Beatriz Barrera hizo hincapié en que para el Diputado del Común “es fundamental que se puedan cumplir también los derechos del resto de familias de Los Llanos de Aridane a los que, conforme al procedimiento establecido, se les adjudique una vivienda social”.
Samara Bermúdez, por su parte, ha querido agradecer a la adjunta del Diputado del Común por visitarla para conocer su caso en primera persona y por orientarla sobre los pasos que debe seguir para poder actuar bajo la legalidad.
REUNIÓN CON LA ALCALDESA
Beatriz Barrera también se ha reunido con la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, para conocer de primera mano la actuación llevada a cabo por el Consistorio en este asunto.
Durante el encuentro, la alcaldesa le explicó a Beatriz Barrera el protocolo de actuación llevado a cabo por el área de Servicios Sociales, donde se ponen a disposición de los usuarios todos los recursos disponibles. Además, quiso recordar que el Ayuntamiento ha multiplicado en los últimos años el presupuesto destinado a ayudas de emergencia.
Noelia García indicó que la denuncia viene dada por la ocupación ilegal de un piso de titularidad pública y aclaró que se ha llevado a cabo para defender el interés general de los vecinos y que las familias susceptibles de vivir en él sean valoradas por los Servicios Sociales para poder priorizar las necesidades reales.
La edil señaló que para ello se aprobó un reglamento de régimen interno en el que se define cómo es el proceso de adjudicación de viviendas de titularidad pública y las normas de convivencia, ya que “lo normal es que allí vivan varias familias al ser un recurso alojativo temporal con varias habitaciones”.
La alcaldesa también comentó que espera que no se hagan excepciones con quien incumple la Ley y que se deje trabajar a los técnicos para que las valoraciones se hagan de forma “escrupulosa” en función de las circunstancias particulares de cada solicitante, por respeto a muchas familias que esperan a una alternativa alojativa.
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