Por A. M. S.
El futuro político del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (CC), pende desde esta semana, de un hilo. Hasta ayer, la jueza del caso Grúas, Celia Blanco, no había remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la exposición razonada sobre la situación procesal de Clavijo, con la consiguiente propuesta de su imputación al alto tribunal canario.
La jueza había requerido en tres ocasiones al fiscal Santiago Sánchez su informe preceptivo, con el propósito de cerrar su instrucción trasladando el caso al TSJC, al tratarse de un político aforado. No tardará en cubrir este trámite y, a buen seguro, volcará su atención en atar todos los cabos para culminar con éxito el que sin duda ha sido uno de sus retos profesionales de mayor resonancia mediática y política. La jueza Blanco, que primero archivó y luego desenterró el caso Grúas a instancias de la Audiencia Provincial, ha ido acumulando a lo largo de los últimos meses toda la información de la que carecía al principio, fruto de los interrogatorios a los que ha sometido a distintos testigos y cargos públicos implicados en el escándalo de las grúas de La Laguna.
Entre tanto se completa todo este trámite procesal y el TSJC se pronuncia finalmente, Clavijo se ha situado ya bajo el foco político. Nunca antes estuvo tan cerca como ahora de ser imputado (investigado) en un caso al que siempre restó importancia e incluso exigió disculpas a la oposición cuando se le vinculaba con un asunto sin duda feo. Sus abogados afinan ahora, con especial despliegue de medios, para tratar de rescatar al presidente de la acusación.
La oposición, en particular Podemos, no ha querido conceder más margen de tiempo al presidente, y ya le demanda su presencia en el Parlamento para dar explicaciones. El partido morado, que califica de caso Gürtel esta papa caliente para CC, proclama, incluso, su decisión de censurarle desde el momento en que sea imputado, y dicha circunstancia cuelga como una espada de Damocles sobre la cabeza de Clavijo, pues tanto Rajoy, como Cifuentes y ahora el alcalde de León encajaron censuras sin ni siquiera estar imputados.
De manera que la política canaria ha dado un giro radical en este mes de agosto, alterando sensiblemente las vacaciones de los diputados, que han tenido que retomar las riendas de una larga precampaña electoral para medir sus fuerzas con el partido que gobierna sobre un alambre, Coalición Canaria, y su máximo representante, Fernando Clavijo, en la cuerda floja.
El desenlace de este culebrón político (no hay que olvidar que DIARIO DE AVISOS viene informando del caso Grúas desde finales de 2016 y que Unid@s y XTF-NC denunciaron el caso ante los tribunales en abril de 2017) puede acelerarse durante este mismo mes o, lo más probable, quedar para septiembre como aperitivo del que será el último curso político antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2019.
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