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Preocupación por la inseguridad jurídica tras ratificar el Tribunal Supremo la nulidad del PGO de Santa Cruz

Fepeco pide que el Ayuntamiento lidere el consenso de cara al nuevo Plan o “puede haber una hecatombe de retroceso económico”
Hay operaciones en la capital vinculadas al PGO de 2013 que no se podrían desarrollar con la suspensión definitiva, según el Colegio de Arquitectos. / SERGIO MÉNDEZ

Tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la nulidad del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife de 2013, la oposición política en el Ayuntamiento y los empresarios del sector de la construcción temen la inseguridad jurídica que se abre a partir de ahora, y sus consecuencias sobre la inversión en la ciudad.

En este sentido, el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, destacó que “estamos en un momento de crecimiento de la ciudad, con proyectos e inversiones previstas muy importantes, y lo que no se puede permitir es que exista la voluntad de inversiones y no tengamos el instrumento urbanístico adecuado que las asuma”.

Por ello, desde Fepeco piden “que el Ayuntamiento tenga la valentía y la humildad para buscar el consenso porque, si no es así, puede haber una hecatombe de retroceso económico como consecuencia de no contar con unas normas claras para las inversiones”. Así, Izquierdo enfatizó que “el Ayuntamiento tiene la obligación improrrogable de liderar un consenso que aglutine a todas las fuerzas políticas, a la sociedad y los empresarios para buscar una solución que sea asumida por la mayoría de las partes y que, cediendo todos un poco, se pueda llegar a conformar un marco jurídico en Santa Cruz que de seguridad”, de cara a la elaboración del nuevo PGO. “Lo que está claro es que el mundo empresarial y los agentes inversores piden sobre todo la contestación clara y concisa a tres preguntas claves: cuándo, dónde y cómo se puede actuar”, valoró.

En esta línea, el presidente de la Demarcación del Colegio de Arquitectos de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, Argeo Semán, afirmó que el colegio recibe la noticia “con preocupación, sobre todo por la incertidumbre que crea entre los ciudadanos y los inversores”. Aún así, apuntó que, cuando entre en vigor la nulidad del plan, “no nos quedamos a cero, en el sentido de que el último plan vigente es la adaptación básica de 2005, y hay un montón de cosas que todavía se pueden hacer con el planeamiento anterior”. Sin embargo, Semán reconoció que “hay operaciones más o menos importantes del nuevo PGO que, cuando se comunique la suspensión definitiva del plan, no se van a poder desarrollar, y el nuevo PGO aun tardará unos cuantos años en estar vigente, con lo que esas cosas no se van a poder ejecutar”. “El dinero es muy cobarde, y si hay dudas e incertidumbres de que norma aplicar o no, me voy a otro municipio”, sostuvo.

A este respecto, expertos conocedores del planeamiento de Santa Cruz apuntaron que cuando se paralizó el PGO de Arona se tuvieron que suspender las licencias concedidas en meses anteriores, lo que produjo reclamaciones. Según estos expertos, lo previsible era que el TS dictaminara esta resolución sobre el PGO de Santa Cruz, que, al parecer, ha ido más rápido de lo que esperaba el Ayuntamiento. También apuntaron que el PGO de 2005 tiene criterio de planeamiento de 1992.

Tranquilidad

Sin embargo, desde el Consistorio capitalino quisieron transmitir ayer un mensaje de tranquilidad y enfatizaron que el planeamiento urbanístico de 2013 está plenamente vigente, pese a la inadmisión del Alto Tribunal del recurso de casación presentado tanto por el Gobierno de Canarias como por el propio Ayuntamiento a la sentencia de anulación del PGO de la capital, de julio de 2017.

En ese sentido, destacaron la plena vigencia y efectividad del planeamiento urbanístico de Santa Cruz, en el PGO de 2013, así como la seguridad jurídica de cuantos actos, licencias y determinaciones se hayan adoptado y se adopten en la materia hasta el esclarecimiento definitivo del proceso judicial abierto, ya que aún hay una resolución pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde tanto el Gobierno como el Ayuntamiento presentaron también sendos recursos.

“Lo que tenemos que decir es, primero, tranquilidad, el PGO sigue vigente, las licencias se pueden seguir otorgando. Segundo, respeto a los tiempos judiciales, vamos a esperar a que se pronuncie el TSJC. Y, tercero, la Gerencia de Urbanismo no se ha quedado de brazos cruzados y lo verán en octubre, cuando vamos a traer el cronograma de los trabajos del nuevo PGO para tenerlo en el menor tiempo posible”, enfatizó el concejal delegado de la Gerencia de Urbanismo, Carlos Tarife.

El edil también explicó que, en el peor de los escenarios, si el TSJC también rechaza los recursos presentados, “Santa Cruz tiene un plan del 2005 y durante muchísimo tiempo, por la suspensión del actual plan, es el que se aplicó y se han concedido muchas licencias en base a él”.

Mientras, desde la oposición, Ciudadanos exigió ayer al equipo de Gobierno que “depuren responsabilidades políticas” por la anulación del PGO, que “va a dejar sumida a la ciudad en un caos urbanístico”. Mientras, el portavoz del grupo socialista, José Ángel Martín, afirmó que la sentencia del Supremo es “la crónica de una muerte anunciada” y pidió que se paralice cualquier trabajo relacionado con el nuevo plan, que corresponderá “al nuevo grupo de Gobierno”.

Asimismo, el portavoz de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, denunció que el equipo de Gobierno y la Cotmac “han actuado con una absoluta irresponsabilidad”, saltándose “un trámite esencial que supone tirar a la basura más de seis millones de la redacción del PGO y un retroceso al año 1992”. “Lamentablemente, se crea una incertidumbre urbanística que afectará de manera importante al desarrollo de Santa Cruz”, apuntó Arcila.

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