SOCIEDAD

Inma Évora (Plataforma Antidesahucios): “Si mañana se fueran a la calle solo 10 familias, sería el caos”

Entrevista con Inma Évora, portavoz de la Plataforma Antidesahucios

Inma Évora, portavoz de la Plataforma Antidesahucios. / Fran Pallero
Inma Évora, portavoz de la Plataforma Antidesahucios. / Fran Pallero

Pocas personas conocen en Canarias la problemática de los desahucios como esta activista tinerfeña, cuya labor ciudadana desde una plataforma contra este tipo de desalojos en las viviendas isleñas ha sido notable durante el último lustro. Por eso a nadie extraña que, desde que DIARIO DE AVISOS informó del drama social que se vive en Añaza, con el posible desalojo de, al menos, unas 80 viviendas protegidas, tanto los afectados como las propias administraciones recurrieran a Inma Évora.

-¿Le sorprende lo de Añaza?
“Lamentablemente, no, porque es un ejemplo claro de cómo funciona el mercado inmobiliario ahora mismo, con las entidades financieras y los fondos buitre acaparando las viviendas para especular con las mismas. Que en el caso de Añaza sean viviendas de protección oficial lo deja más claro todavía”.

-¿Cómo actúan, a su entender, esas entidades y esos fondos buitre?
“Banif [antiguo banco español del Grupo Santander] y sus marcas actuales actúan de una manera similar. Aunque se trate de viviendas para personas con recursos escasos, ellos las consideran como si fueran viviendas de lujo y piden garantías como tales, a pesar de que la ley no lo contemple”.

-¿Es cierto que representantes de Banif le pidieron una reunión hace años para hablar precisamente de los bloques de Añaza ahora afectados por el posible desalojo masivo?
“Así es. Fue en 2012 o en 2013, si mal no recuerdo. En aquella ocasión, uno de los presentes llegó a decirme que su jefe, Botín, le había ordenado que se pusiera contacto conmigo, como portavoz de Stop Desahucios, por la repercusión mediática que tuvo un intento de desahucio de una mujer con una niña pequeña que hubo en estas viviendas, a pesar de que se trate, insisto, de viviendas protegidas”.

-Ahora el Santander sigue siendo propietario de estas viviendas a través de una empresa que se llama Luri 6. ¿Entiende que siguen actuando como si no se tratase de viviendas de protección oficial?
“Por supuesto. Un ejemplo: han quitado todos los letreros, carteles y hasta una valla donde se reflejaba que se trata de VPO [Vivienda de Protección Oficial], solo han dejado dos placas. En el caso de la mujer con la niña, pudimos comprobar que los contratos no cumplían los requisitos legales. Llevan años haciendo negocio: alquilan como si fueran VPO dirigida a personas con escasos recursos, pero, a nivel privado, piden aparte unas garantías que no están contempladas en la Ley de Arrendamientos Urbanos”.

-¿Me pone un ejemplo?
“En la ley se dispone que se pida un mes de fianza y el mes corriente, y, en todo caso, los gastos de contrato y de gestión, pero en algún caso sospechamos que se hayan pedido hasta seis meses de fianza”.

-¿Cuáles son los problemas más acuciantes en el caso de Añaza?
“Hay cinco situaciones con orden de lanzamiento para este mes, y también están los casos de ocupamientos en precario”.

-¿Teme que los problemas de estas 80 familias se extiendan a las 300 viviendas que suman el total de estas dos promociones de VPO, que datan de 2006?
“Nosotros trabajamos sobre, digamos, tres tipos de casos. Por un lado, tenemos muchos supuestos de impagos de renta, que entendemos que son resultado en parte de estas garantías privadas que les pone la propiedad. Por otro, están los desalojos por ocupación en precario; y por último está la situación que ha provocado Altamira, que es la empresa del Santander que se encarga de la administración de estas viviendas, con su intención de no renovar alquileres. Esto afecta a todos los bloques, aunque es verdad que sí se han renovado a otras familias. Tenemos claro que el objetivo final es especular con estas viviendas”.

-¿Teme más casos como el de Añaza en el futuro?
“Es que ya está sucediendo, como en el caso de Madrid, donde también fue el Santander el que vendió a un fondo buitre al que está ligado el hijo de José María Aznar. Se ha recurrido, y lo que están diciendo es que la vivienda social no se puede vender a los fondos buitre. Son categorías distintas de protección, pero no se debería permitir que se especulase con este tipo de viviendas”.

-¿Resulta preocupante la actual burbuja inmobiliaria?
“A raíz del estallido de la crisis hipotecaria, los bancos se quedaron con muchas viviendas muy por debajo de su valor, y ahora están vendiendo lo que ellos llaman activos tóxicos. Ya entonces muchas familias se quedaron en la calle, a pesar de que pagaban sus hipotecas hasta que la crisis se los impidió, que más que una crisis fue una estafa”.

-Pero, ¿cómo ve el panorama actual en Canarias, donde cada vez es más difícil alquilar y no hay noticia de que se estimule la vivienda protegida?
“Aquí hace décadas que no se construye vivienda social, solo promociones como estas de Añaza, que son de VPO. Ahora se especula, como siempre, con el suelo y con la vivienda, porque se aprovechan de que son bienes de primera necesidad, por mucho que sea un derecho fundamental”.

-¿Hay capacidad de respuesta institucional si mañana se van a la calle, esperemos que no, estas 80 familias?
“Ni el Ayuntamiento de Santa Cruz o cualquier otro ayuntamiento, ni el Gobierno de Canarias tienen soluciones en el caso de que mañana se vayan a la calle, por ejemplo,10 familias. Sería el caos”.