“Esta bien que [el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo] se queje de los retrasos que puedan darse en la Administración de Justicia, pero no solo de los que afecten personalmente a un político; hay otros procedimientos que desgraciadamente afectan a otras personas que están en situación de vulnerabilidad, que a lo mejor de ese procedimiento depende el hecho de que pierda o no la libertad o la propiedad de su vivienda, y que también ven retrasos que tienen que ver con la insuficiencia de medios que, por cierto, la competencia para dotarlos le corresponde a la comunidad autónoma. Insisto, que se preocupen por los retrasos de la Justicia me parece bien, pero de todos”. Así se manifestó ayer en la Cadena SER la portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia en las Islas, la magistrada Carla Vallejo, sobre las quejas efectuadas por Fernando Clavijo en el marco de una ofensiva de su partido, Coalición Canaria, dirigida contra la Fiscalía y cuyo objetivo es conservar el privilegio del aforamiento, derogado tras la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía.
Cabe recordar que, en cuanto el llamado caso Grúas retorne a su juzgado original, el de Instrucción Número 2 de La Laguna, será imputado por esta causa, como ya lo están su sucesor al frente del Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados, José Alberto Díaz, y el también edil de CC Antonio Pérez Godiño.
Sobre el proceder del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que decidirá sobre si le compete o no este caso en cuanto reciba la valoración de la Fiscal (de cuya demora se queja Clavijo), Vallejo manifestó que “este escenario no lo ha fijado la Justicia, sino las autoridades legislativas, que han decidido eliminar los aforamientos, y a los jueces solo nos queda ahora cumplir con la ley y acatar, como se hizo en otros casos de pérdida de aforamiento y se devolvió a los juzgados de instrucción”.
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