La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias elevó ayer jueves a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) su esperado informe sobre el caso Grúas, donde aboga por que estas diligencias retornen a su jurisdicción de origen, el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, para que el hoy presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), sea investigado como cualquier otro ciudadano.
Respecto al fondo del asunto, el fiscal en cuestión se limita a recordar que en la exposición razonada remitida por la titular de dicho juzgado de la Ciudad de los Adelantados se advertían indicios de criminalidad suficientes como para seguir con la investigación judicial sobre Clavijo ante la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Tal y como preveían todos los especialistas consultados por DIARIO DE AVISOS, y a pesar de la solicitud de la defensa del hoy mandatario autonómico para que se archive la causa en el mismo TSJC, la Fiscalía considera determinante que la reforma del Estatuto de Autonomía, al entrar en vigor el pasado martes, haya suprimido los aforamientos y, por ende, el privilegio de que el presidente regional fuera juzgado por el alto tribunal canario.
Para sustentar tal decisión, el fiscal recuerda la extensa jurisprudencia sobre casos en que un encausado pierde el aforamiento, dando por sentado que es el momento de la apertura de juicio oral (y no antes) cuando tal circunstancia sobrevenida no provocaría un retorno al juzgado de origen, dado que lo contrario vulneraría el derecho constitucional al juez predeterminado por la ley y el principio de seguridad jurídica.
Curiosamente, y en clara respuesta a las presiones ejercidas en los últimos días desde CC, la Fiscalía dedica buena parte de su informe a detallar los motivos por los que se ha retrasado la entrega de esta valoración del Ministerio Público. Entre dichos motivos incluye la complejidad del caso (unos 1.500 folios de documentación y 22 tomos del procedimiento original) y las múltiples vicisitudes acaecidas en lo que va de instrucción, además del referido y sustancial cambio legislativo con el adiós de los aforamientos.
Tras este pronunciamiento de la Fiscalía, ahora será la Sala de lo Penal del TSJC la que decida (tiene previsto hacerlo la próxima semana) si, como se prevé, el caso retorna al juzgado lagunero, lo que a buen seguro tendrá lugar en los próximos días. Se da igualmente por hecho que, en cuanto vuelvan las diligencias, se llamará a Clavijo para que declare como imputado.
“La imputación, más cerca”
Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, acusación popular del caso, celebró la decisión de la fiscalía “de no prolongar por más tiempo el privilegio de aforamiento” de Fernando Clavijo y consideró que la imputación del exalcalde de la Ciudad de los Adelantados “está mucho más cerca”.
“Era lo jurídicamente esperable”
Para el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias, Santiago Pérez, impulsor de la otra acusación popular del caso, la decisión de la Fiscalía “era lo jurídicamente esperable en un Estado de derecho, por mucho que Coalición Canaria intente acostumbrarnos a lo contrario. Aprobado el Estatuto, el TSJC no tiene jurisdicción alguna”.
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