La Justicia toma cartas en el asunto de las listas de espera y los conciertos sanitarios en Canarias, comunidad líder en la demora en el tratamiento de los pacientes.
Así lo atestiguan sendas diligencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria que obran en poder de DIARIO DE AVISOS, en las que el titular admite a trámite los recursos presentados por Podemos Canarias y solicita documentación al Gobierno regional.
Básicamente, lo que investiga este juzgado ahora son los motivos por los que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria) no cumple con lo dispuesto en la legislación vigente tanto en el caso de las listas de espera como en el de los conciertos con la sanidad privada.
Por citar algunos ejemplos de lo expuesto, hay que recordar que los tiempos de demora para una intervención quirúrgica (esos que no se cumplen en Canarias) están tasados por ley, mientras que existen conciertos con la sanidad privada que el Ejecutivo no ha desarrollado, convirtiendo, en la práctica, algo previsto como excepcional en una relación inalterable que se prolonga incluso durante lustros, lo que deja en inferioridad a la sanidad pública, al exigírsele más en el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los pacientes.
Así lo explicó ayer a este periódico la consejera insular de Podemos Mila Hormiga, quien presentó estos recursos junto a la portavoz parlamentaria de la formación morada, Noemí Santana. Hormiga, que es secretaria regional de su partido para los temas de sanidad y salud, manifestó que “el objetivo de esta iniciativa judicial, que se lleva a cabo después de intentarlo por todas las vías políticas posibles, es lograr que el Gobierno de Canarias cumpla con la ley, tanto en el caso de las listas de espera como en el de los conciertos con las clínicas privadas”.
En el caso de las listas de espera, el recurso en cuestión tiene como objeto “la inactividad de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en relación con el incumplimiento de la obligación de desarrollo normativo que tiene encomendadas por ley para la efectividad respecto a la prestación de asistencia sanitaria (listas de espera) en los concretos términos en que están establecidas en la normativa de aplicación que se ha determinado en el encabezamiento de este escrito”, como son, desde la perspectiva autonómica, la orden dictada el 15 de mayo de 2003 por la que se establecen los plazos máximos de respuesta a determinados procedimientos quirúrgicos a cargo del Servicio Canario de la Salud o el Decreto 116/2006, por el que se regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario. Lo cierto es que la gestión de la sanidad en el Archipiélago deja mucho que desear, o al menos así se desprende en distintos balances estatales.
El último informe del Servicio Nacional de la Salud (SNS) mantiene a los isleños como los habitantes del país que más esperan para consulta del especialista o para una intervención quirúrgica. El documento, que recoge las cifras por comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2017 revela que de media los enfermos de Canarias esperan 177 días para ser operados, una cantidad que se reduce hasta 123 para lograr su cita en el especialista.
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