desahucios en añaza

Altamira envía burofaxes a los vecinos de Añaza anunciando que no se les renovará el alquiler

El Santander había señalado que se encargaría directamente de la administración de las viviendas; la Fiscalía ya ha mostrado su interés ante presuntas coacciones a los afectados

Un afectado enarbola una pancarta contra los desahucios en Añaza. Fran Pallero

Vecinos de las 358 viviendas del santacrucero barrio de Añaza amenazados por un posible desahucio colectivo recibieron entre el pasado miércoles y ayer, al menos en dos casos que haya podido constatar este periódico, sendos burofaxes enviados por la empresa del Santander encargada de la administración de dichos pisos, en los que se comunica a los afectados que no se les renovará el alquiler, por lo que tendrán que abandonar sus hogares o negociar un nuevo contrato cuando expire el actual.

Dichos burofaxes, que han creado la lógica alarma entre los vecinos, llegan justo cuando la entidad financiera había anunciado que retiraba a Altamira de la administración de las viviendas, una promesa ahora en entredicho, dado que este tipo de correo es de carácter urgente.

En concreto, uno de los burofaxes reza así: “Por la presente, Altamira Asset Management, SA, como sociedad administradora de los arrendamientos y en representación de Luri 6, SA [la empresa del Santander que ahora detenta la propiedad de los pisos], le comunica la voluntad de no renovar el contrato y darlo por resuelto a fecha de [en este caso] 27 de febrero de 2019, cuando vence su contrato”.

Cabe recordar que la estrategia inicial del Santander pasaba por no renovar los alquileres y así preparar la venta de estas 358 viviendas a un fondo buitre llamado Cerberus, dentro de una macroperación de unos 37.000 inmuebles repartidos por toda la geografía nacional.

Cuando los vecinos desvelaron el peligro que se cernía sobre sus cabezas, explicaron que habían recibido llamadas con idéntico mensaje, e incluso se colocó un cartel donde se anunciaba que ya no se prorrogarían más alquileres. Todo ello fue denunciado ante la Fiscalía, lo que ha motivado un especial interés por parte del Ministerio Público ante la posible comisión de un delito de coacciones.

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estos pisos mantienen su condición de vivienda protegida hasta 2021, por lo que cualquier cambio en las condiciones de alquiler de los mismos tiene que contar con el visto bueno del Gobierno de Canarias, que aportó suelo público para la construcción de estas viviendas.

Por otra parte, la Consejería de Vivienda del Ejecutivo regional ya ha terminado los trabajos de tasación de los inmuebles, requisito previo para iniciar formalmente las negociaciones con el Santander para la adquisición de los mismos, como se anunció en su día.

Suspendidos otros dos desahucios, ambos de familias con menores

Mientras se suceden las gestiones para evitar el desahucio masivo en las 358 viviendas de Añaza, lo cierto es que el goteo de lanzamientos se sigue produciendo, felizmente suspendidos por ahora gracias a la aplicación de un protocolo aprobado a tal fin por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Al igual que como ha venido ocurriendo en los últimos meses, en esta ocasión los juzgados han suspendido (que no anulado) otros dos lanzamientos más en estos pisos, tal y como confirmaron ayer representantes de los afectados.

Uno de ellos tenía fecha para el próximo día 21, mientras que el otro estaba previsto para antes de fin de año, dándose la circunstancia de que en ambos casos se trata de familias con menores de edad entre sus componentes.

Cabe recordar que las administraciones han solicitado al Santander que paralice y reagrupe estos desahucios en un solo juzgado, al parecer sin éxito.