El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la decisión del Gobierno canario de prohibir las viviendas de alquiler vacacional en las zonas catalogadas como turísticas, al estimar que esa limitación contraviene la libertad de empresa y solo busca “favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales”. El Supremo confirma así la sentencia dictada en mayo del año pasado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que había observado ese mismo problema de legalidad en el decreto que regula el alquiler vacacional en las Islas desde 2015, también señalado como tal por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Se da la circunstancia, además, de que este decreto fue sustituido por otro que se encuentra en estos momentos en información pública y que de nuevo prohíbe las viviendas vacacionales en las zonas turísticas, volviendo así a caer en el mismo error.
La sentencia subraya que cuando el Gobierno de Canarias defendió ante la Sala su recurso contra el primer fallo del TSJC, se puso de manifiesto que su decisión de expulsar a las viviendas vacacionales de las zonas turísticas “obedecía a meras razones de carácter económico: que las viviendas vacacionales no compitan con el resto de establecimientos alojativos hoteleros o extrahoteleros”.
La sentencia supone la primera decisión firme sobre la normativa que regula el alquiler vacacional en las Islas. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, que agrupa a más de 1.400 propietarios, aseguró que “hoy es un día feliz” para su sector, que genera una actividad de más de 1.500 millones.
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