Candelaria

Sí se puede e IU pagan 3.000 euros de fianza para seguir como acusación por los vertidos en el Polígono de Güímar

El abogado de la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, pide esa cantidad como fianza que sorprende a los acusadores porque esa solicitud "contradice normativas comunitarias que protegen el acceso a la justicia ambiental"

La denuncia fue presentada en junio de 2017 por los concejales de Sí se puede y IU en el Valle de Güímar. / DA

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncian obstáculos a su continuidad como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados de aguas residuales de origen industrial sin depurar en el Polígono de Güímar. La defensa de la alcaldesa de Candelaria exigió hace seis meses a ambas organizaciones el pago de una fianza de 12.000 euros para poder seguir en la causa, con el claro objetivo de dificultar su derecho a acceder a la justicia en materia ambiental, según denuncia un comunicado de Sí se puede. Sin embargo, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, recuerda que esa cantidad se exigió cuando se inició el proceso y que el juez determinó entonces rebajar la fianza a 3.000 euros, “algo que no ha recurrido mi abogado particular”. Otras de las investigadas, la regidora de Güímar, Luisa Castro, manifiesta que en su caso, los abogados, en su caso defendida por letrados del Ayuntamiento, no han solicitado fianza alguna.

“Nos ha sorprendido que el abogado de la alcaldesa de Candelaria nos haya reclamado por vía judicial que abonáramos una fianza de 12.000 euros para poder seguir personados como acusación popular en el procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Güímar referido a los vertidos ilegales que, durante muchos años, llevan realizándose en el polígono industrial”, asegura la portavoz del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria, Mayca Coello.

Ambas organizaciones reunieron hace unos días el dinero que finalmente exigió el juez tras considerar la petición de la alcaldesa. “Pagamos los 3.000 euros que estableció el juez porque nada nos va a impedir estar en este proceso, aunque, por supuesto, presentamos un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y estamos a la espera de su resolución”, detalla Coello.

“Otros tribunales no han establecido este tipo de fianzas para la acusación popular en casos similares y el propio fiscal consideró que no era necesario”, explica el concejal de IUC en el Ayuntamiento de Arafo, Francis Hernández. Asimismo, “la petición de una fianza de estas características contradice directivas comunitarias que protegen el acceso a la justicia ambiental”, añade el portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Güímar, Ruyman Expósito.

“Resulta que no se pueden generar costes que pongan en riesgo el derecho de las organizaciones en defensa del medio ambiente para su intervención ante los tribunales para denunciar infracciones ambientales, tal como establecen el Convenio de Aarhus y otras directivas de la Unión Europea -abunda Coello-; en cualquier caso, a Sí se puede e IUC nos ha costado 3.000 euros la defensa de los intereses de la ciudadanía y del Valle de Güímar”.

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria se personaron como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados en el Polígono Industrial de Güímar a principios de mayo de este año, después de que se iniciara un proceso judicial en el Juzgado nº 1 de Güímar a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente por concejales de estos partidos en los ayuntamientos del Valle de Güímar: Candelaria, Arafo y Güímar.  

Las actuaciones que en estos momentos se están investigando en el Juzgado de Güímar se iniciaron a raíz de la denuncia citada, en la que Sí se puede e IUC expusieron la caótica situación derivada de la ausencia de tratamiento de aguas residuales en el Polígono Industrial de Güímar tras varias décadas en las que se han vertido al mar aguas industriales sin ningún tipo de depuración, a pesar de que contienen componentes altamente contaminantes derivados de su utilización en procesos industriales con componentes tóxicos de todo tipo.

La situación de ilegalidad en la que en estos momentos se vierten estas aguas residuales sin depurar no solo causa un daño contra el medioambiente que está penado por la Unión Europea; además, amenaza el futuro de las 250 empresas instaladas en el polígono y los 3.000 puestos de trabajo que concentran.

Diez investigados

Las diligencias,  la Fiscalía de Medio Ambiente y el juez instructor, parten de una denuncia de representantes de IU-Los Verdes y  Sí Se Puede en los tres municipios afectados. Aunque el procedimiento fue archivado provisionalmente, la causa fue reabierta en abril de 2017. Entre los investigados figuran las alcaldesas de Güímar y Candelaria, Luisa Castro (PP) y Mari Brito (PSOE), respectivamente; el actual alcalde de Arafo, Juan Jesús Lemes (CC); el exalcalde de Candelaria Gumersindo García (PSOE); los concejales de Urbanismo de Arafo, Domingo Marrero; Candelaria, Fernando Alduán, y Güímar, Francisco Javier del Rosario; los exconcejales Domingo Ramos y Rosendo Batista, así como un representante de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Güímar, Antonio Daroca.