El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife seguirá reclamando que se establezcan medidas cautelares contra los condenados en el caso de Las Teresitas con el objetivo de que se pueda reparar el perjuicio económico ocasionado al erario municipal.
De esta manera se ha pronunciado el concejal de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, durante la sesión de control al gobierno municipal, en la que se reafirmó en la estrategia de pedir medidas cautelares contra los condenados por el caso Las Teresitas siempre que el Tribunal Supremo confirme la sentencia dictada en abril de 2017.
En un comunicado el concejal ha recordado que el grupo de gobierno, una vez conocida la sentencia condenatoria en primera instancia, optó por solicitar al juzgado la adopción de medidas cautelares en protección del interés general del municipio y, en particular, de la hacienda local.
Martínez ha detallado que la Junta de Gobierno de Santa Cruz, en mayo de 2017, a instancias del alcalde y de acuerdo al consejo del Servicio Jurídico, emitió una instrucción en este sentido conminando a la instancia judicial en este sentido.
En concreto, el oficio municipal instaba a requerir a todos los condenados para que, en el plazo fijado por el tribunal, designen bienes realizables, saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles, que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena.
Martínez ha indicado que la estrategia de solicitar medidas cautelares es la opción más segura y más prudente, habida cuenta de que aún la sentencia dictada en primera instancia no es firme hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto al recurso de casación interpuesto contra la misma.
El concejal ha advertido de los riesgos que entrañaba solicitar formalmente la ejecución provisional de la sentencia, dado que en el caso de que el Tribunal Supremo atendiese el recurso, el Ayuntamiento se vería obligado a devolver las cantidades previamente ingresadas, así como los intereses del 3 por ciento y de posibles reclamaciones por daños y perjuicios.
Juan José Martínez ha subrayado que las medidas cautelares demandadas por el Ayuntamiento recogen “un amplio espectro de opciones” en defensa del interés común, que debe conducir al consistorio a recuperar el conjunto de derechos económicos “que en justicia le corresponden”.
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