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Santa Cruz estudia reclamar dinero por el suelo no recibido en la expansión de Cabo Llanos

Una moción de Sí se puede revela que los propietarios del polígono Cepsa-DISA no cedieron el 10% de aprovechamientos
Cabo-Llanos
Cabo-Llanos. / DA

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz estudiará si con el acuerdo firmado hace casi 30 años para ensanchar la ciudad hacia lo que hoy es Cabo Llanos la ciudad se vio perjudicada al no recibir el 10% de aprovechamiento urbanístico (dinero o suelo) que en la actualidad es de obligado cumplimiento. En 1992 se firmó un acuerdo con la Junta de Compensación formada por los propietarios de lo que se conoce como el polígono Cepsa/DISA, órgano que en diciembre del año pasado solicitó su disolución al entender que ya se han cumplidos los objetivos acordados con el Ayuntamiento. La construcción del Recinto Ferial, el Parque Marítimo, los centros comerciales o las torres son algunas de las edificaciones que se levantaron en esos terrenos de los que Cepsa era la propietaria mayoritaria y cuya cesión a la ciudad pactó con el Ayuntamiento.
Santa Cruz recibió dotaciones públicas como para parques y viarios, pero no el 10% del aprovechamiento urbanístico de todas esa construcciones o suelo equivalente. Ayer, en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, se aprobó, por unanimidad, una moción presentada por Sí se puede para que, en ese proceso de disolución iniciado por la Junta de Compensación, ahora en exposición pública, la Gerencia de Urbanismo estudie si la ciudad debió recibir ese aprovechamiento, y, en caso de que así fuera, reclamar el importe correspondiente, que se cifra en millones de euros, sin saber aún la cantidad exacta.

Fernández Arcila explicaba al término del pleno que, aunque es cierto que en el Plan General de Ordenación (PGO) del 92 no existía la figura del aprovechamiento urbanístico, a su juicio, se calificaron de manera errónea los terrenos de la expansión como urbanos. “Para nosotros está claro que se trata de suelo no consolidado o urbanizable, que está sujeto a esa compensación, y no de suelo urbano, tal y como lo calificó el Ayuntamiento de Santa Cruz”. Esta clasificación supuso dar por hecho que esa compensación ya se había producido. El portavoz de Sí se puede aseguró que es evidente que ese suelo “no era urbano”, recordando que “las distintas sentencias sobre temas similares señalan que, independientemente de la calificación que le dé el planeamiento, si se dice que es urbano se tiene que demostrar que lo es y en este caso está claro que los terrenos sobre los que se levantó Cabo Llanos no eran urbanos”.

Desde la Gerencia de Urbanismo, su titular, Carlos Tarife, explicó que, en su momento, esos terrenos pasaron de industrial a urbano sin la cesión de ese aprovechamiento. “En aquel momento todo estaba justificado por la normativa vigente. Lo que ocurre es que dentro del polígono ha habido unidades pequeñas que se han desarrollado que sí han tenido que entregar ese 10%, entonces, ante esa diferencia de criterio, es por lo que Sí se puede nos plantea la moción”.
Entre las unidades de actuación a las que se refiere Tarife se encuentra la parcela sobre la que se levantaría el Palacio de Justicia, que, bajo la aplicación del PGO de 2013, debe entregar a Santa Cruz ese 10%. El edil admitió que, ante la moción de Sí se puede, “hablamos con los técnicos y lo que se va a analizar es si cabe o no reclamar ese 10% a la Junta de Compensación”.

 

Seguimiento público a la descontaminación de la Refinería

Otra de las mociones de Sí se puede que terminó con acuerdo versó sobre el proceso de descontaminación de los suelos de la Refinería. La formación de Pedro Fernández Arcila solicitó que se informara de todos los pasos dados por la industria para descontaminar sus suelos. El acuerdo al que se llegó fue el de instar a la Viceconsejería de Medio Ambiente para que publique en su web corporativa, toda la información referente al proceso. Por su parte, el Ayuntamiento se comprometió a colocar en un lugar destacado de su web corporativa un enlace a esta información cuando se haga pública por parte del Gobierno canario.

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