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El presunto saqueo de piezas en coches retirados por la grúa complica el futuro procesal de Clavijo y Díaz

Como ya hizo la Fiscalía, Por Tenerife ve “prevaricación omisiva”, dado que los entonces alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana no reaccionaron contra la empresa tras las denuncias de Guardia Civil y Policía Local
Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, durante la campaña electoral de 2015. DA
Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, durante la campaña electoral de 2015. DA
Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, durante la campaña electoral de 2015. DA

El presunto saqueo de piezas en los coches retirados por las grúas laguneras, un asunto que está en el origen del llamado caso Grúas y que se investiga en otro juzgado, concretamente el de Instrucción Número 4 de La Laguna, complica aún más si cabe el futuro procesal del hoy presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su sucesor al frente del Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria.

Ello se debe a que la acción popular impulsada desde el grupo municipal de Por Tenerife (XTF) advierte de la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa omisiva (figura delictiva a la que también se alude en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción), dado que Clavijo y Díaz no solo no reaccionaron contra la empresa tras las denuncias presentadas por la Guardia Civil y la propia Policía Local lagunera, sino que dos años después incluso prestaron 120.000 euros de las arcas municipales y prorrogaron la concesión a los siete empresarios que por entonces controlaban Autogrúas Poli, la mayoría afines al propio Clavijo.

Los hechos que nos ocupan datan de 2012, cuando estos amigos del exalcalde lagunero ya controlaban la empresa concesionaria de las grúas y fueron denunciados por el presunto saqueo de dichas piezas para luego venderlas por internet, tras lo cual esos siete empresarios fueron imputados (y lo siguen estando) por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna.

Como adelantó en su día DIARIO DE AVISOS, los indicios recopilados en las denuncias policiales son tan fundamentados como que utilizaban un teléfono oficial (concretamente, el móvil al que debían llamar los vecinos de La Cuesta si necesitaban una grúa) en el anuncio de internet en el que ofrecían las piezas. Incluso, la Guardia Civil concertó una cita simulando estar interesados en un carburador y a la misma acudió nada menos que el responsable del almacén municipal donde se custodiaban los vehículos.

Sin embargo, ni Clavijo (por entonces alcalde de La Laguna) ni Díaz (concejal del área de Seguridad Ciudadana en aquel momento), y a pesar de que tenían “conocimiento pleno de los graves hechos que se estaban investigando, tomaron medida alguna para acordar la resolución del contrato y el rescate de la concesión como sanción a los graves incumplimientos de la buena fe contractual, en defensa del interés público”, detalla el escrito enviado desde XTF (cuyo representante es Santiago Pérez) remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 lagunero, donde Clavijo prestará declaración como imputado dentro de una semana.

Para la letrada de Por Tenerife, Sandra Rodríguez, “existiendo un grave incumplimiento contractual, constitutivo per se en causa de resolución del contrato de gestión de servicios, [Clavijo y Díaz] no sólo hicieron dejación de sus principales obligaciones en defensa de los intereses públicos, sino que, por el contrario, dos años más tarde, el 28 de enero de 2014, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por Clavijo, acordó la intervención temporal de la empresa; el 24 de junio de 2014, la Junta de Gobierno aprueba otorgar el préstamo de 120.000 euros después de que Clavijo levantara los reparos y el 27 de agosto de 2014 el concejal de Seguridad Ciudadana [Díaz] acuerda la prórroga del contrato hasta 2019, después de que el alcalde levantara los reparos”.

Para esta acción popular “se desprende con toda claridad que la actuación de Clavijo y Díaz, haciendo oídos sordos a los graves hechos presuntamente delictivos que se estaban investigando en relación con el robo de piezas y venta por internet, de los que tenían perfecto conocimiento, y haciendo todo lo posible por continuar con el contrato a cualquier precio hasta acordar su prórroga, en contra de las advertencias legales, es, sin duda, una nueva actuación, al menos de forma indiciaria, constitutiva de un delito de prevaricación administrativa omisiva, por no haber tomado ninguna medida en defensa del interés publico sabiendo perfectamente que la mayoría de los socios de la empresa concesionaria estaban siendo investigados por robar piezas de los coches” que debían custodiar.

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