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Miguel Ángel Pulido: “El Gobierno está incumpliendo la ley y deja a 3.000 familias en la cuneta”

El Exdirector general de Vivienda del Gobierno de Canarias quiso aclarar cómo rubricó el decreto 144/1999
Miguel Ángel Pulido. DA
Miguel Ángel Pulido. DA
Miguel Ángel Pulido. DA

El director general de Vivienda del Gobierno de Canarias entre 1997 y 2003, Miguel Ángel Pulido, quiso aclarar cómo rubricó el decreto 144/1999 que le otorga el derecho a más de 3.000 inquilinos de la empresa pública de vivienda Visocan, a ser los legítimos propietarios de los inmuebles. Pulido, que ahora pertenece a Nueva Canarias (NC), recuerda que en su época como máximo responsable del área de vivienda se construyeron 5.000 casas sociales en Canarias. En estas últimas semanas, como viene informando DIARIO DE AVISOS, tanto el alcalde lagunero, José Albero Díaz (CC), como la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León (CC), visitan a los vecinos para apaciguarlos…

-¿Entiende la polémica que se ha suscitado con los inquilinos del II Plan de Vivienda del Gobierno de Canarias y la transmisión de esos pisos a su propiedad?
“En la Ley de Vivienda del año 89 se recoge que el Gobierno tenía que favorecer a los adjudicatarios que vivían en régimen de alquiler el acceso a la propiedad de las viviendas, y eso se establece en una disposición adicional de ese texto legal. Tuve el honor de firmar con más de 15.000 familias canarias las escrituras de propiedad de esos inmuebles”.

-¿En esos momentos es cuando se firma el polémico decreto 144/1999?
“Hay que tener en cuenta que es un decreto del Gobierno de Canarias como desarrollo de esa Ley de Vivienda que establecía que el Ejecutivo tenía que favorecer el acceso a la propiedad a los adjudicatarios que vivían en las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma. En ese decreto firmamos las escrituras del I Plan, se construyeron las viviendas entre 1988 y 1991y luego existían viviendas construidas en el II Plan de Vivienda, en torno a 3.000 viviendas, fabricadas entre el 92 y el 95, que tenían un problema…”.

-Son las 3.000 viviendas de la polémica, de las que 1.002 están en La Laguna. ¿Cuál era ese problema”?
“El problema era que en esa etapa el Gobierno no tenía recursos propios para construir las viviendas y las hizo financiándolas con créditos hipotecarios y, por tanto, las viviendas tenían una carga hipotecaria. Por eso es que no podía firmar, no me parecía lo más ético rubricar la propiedad de unas viviendas a los inquilinos, transmitiéndoles una carga hipotecaria importante”.

-¿Qué decisión se tomó?
“Lo que hicimos fue decirle a esas familias, en torno a 3.000, que a ellos el contrato que tenían de alquiler se les prorrogaba de manera permanente hasta tanto se formalizaran las escrituras”.

-De acuerdo, pero ¿cuándo había que formalizar las escrituras?
“Una vez que el Gobierno cancelara los créditos hipotecarios, que, la mayoría, eran créditos a 20 años. Lo que ocurre es que el Ejecutivo no lo ha hecho”.

-Por lo que le estoy entendiendo, ¿está cometiendo una ilegalidad el Gobierno de Canarias?
“Efectivamente, está incumpliendo un decreto del propio Gobierno y está dejando en la cuneta a 3.000 familias que tienen un derecho reconocido por ley. Y, además, tienen en sus manos un documento, el de opción a compra, que es un anexo al contrato de alquiler, firmado por mí como director general de Vivienda, que era el mandato recogido en ese decreto del año 99”.

-No obstante, desde el Gobierno aseguran que es Visocan la que gestiona estas viviendas.
“Con posterioridad, en el III Plan de Vivienda de Canarias, el Gobierno no tenía la posibilidad de endeudarse. Ya con el II Plan había acudido a créditos hipotecarios, por lo que en el III Plan de Vivienda lo que hizo fue mandatarle a Visocan que construyera 3.000 viviendas en régimen de alquiler, que es un problema distinto, y que fuera Visocan quien se endeudara, ya que en ese momento, esa carga de endeudamiento no computaba como endeudamiento de la Comunidad Autónoma”.

-¿Podría explicar el tema de la subvención del 50% que recoge el decreto 144/1999?
“Ese decreto ya contempla en la opción de compra, que esos vecinos tenían derecho a que se le pasara la vivienda en las mismas condiciones que a los anteriores, a los que les habíamos firmado esas 15.000 escrituras, donde el precio de la vivienda era el de cuando se construyó. Sobre esa cuantía inicial se le descontaba el 50% como subvención del Gobierno de Canarias y ellos tenían que pagar el otro 50”.

-Pero ¿se les descontaría de lo que ellos han pagado como alquiler?
“De ese otro 50% que ellos tenían que pagar, habría que descontarle todas las cuotas mensuales de alquiler que estaban entregando a cuenta de esa opción de compra para el pago del precio de la vivienda”.

-¿Cree usted que Visocan está trabajando como un fondo buitre?
“No creo que funcione como un fondo buitre, pero sí me parece que la orientación que tiene Visocan no es la de una empresa que debería tener la sensibilidad de que lo que gestiona son viviendas sociales. De hecho, su nombre significa Viviendas Sociales de Canarias. Funciona más como una empresa privada donde da la sensación que su objetivo es la obtención de beneficios que el buscar el equilibrio entre los beneficios mínimos que debería tener la empresa para que no vaya a una situación de quiebra, pero tiene que tener en cuenta que, al otro lado, lo que hay son familias necesitadas que, como consecuencia de los escasos recursos, fueron las adjudicatarias de esas viviendas”.

¿Cuántas familias esperan por una vivienda social en Canarias?
“El problema es que este mal Gobierno hace una década que no construyen viviendas sociales en Canarias o una vivienda destinada al alquiler social. Por los datos que nosotros tenemos, hay más de 35.000 demandantes de una vivienda social o de protección oficial en las Islas y la política social de vivienda es inexistente”.

-¿Entiende que el Gobierno realice una consulta vinculante a la Agencia Tributaria para saber cómo transmitir esos inmuebles?
“Eso no es discutible, eso ya lo regula el decreto . Ése decreto y los anteriores dicen, expresamente, que deben transmitirse por el precio que tenían inicialmente. Eso lo hacen solo para enrredar, para buscar justificación”.

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