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Un niño de un año y medio es ofrecido presuntamente para fines sexuales en Ecuador

El propietario del local, Ronald Jamilton Y.C., está "prófugo de la justicia"
María Paula Romo. Twitter
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La ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, informó este sábado que ingresará en el sistema de protección un menor que presuntamente fue ofertado para fines sexuales, y cuyos padres fueron detenidos por la Policía.

En su perfil de la red social Twitter, la ministra felicitó el trabajo de la Policía que, junto con la Fiscalía, detuvieron anoche a los dos adultos y lograron la “recuperación del niño que ingresará al sistema de protección”.

Según la Fiscalía General del Estado, en la provincia de Santa Elena, en el suroeste del país andino, la Policía aprehendió el viernes a Esthela Mary J. T. y Bryan David M. Z., madre y padre del pequeño.

En un comunicado, la institución apuntó que el menor de edad “habría sido ofertado para fines sexuales al propietario de un local de Internet ubicado en la ciudadela El Recreo del cantón Durán”, en la provincia costera del Guayas, vecina de la de Santa Elena.

La Fiscalía, la Policía Judicial y la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) participaron en el operativo que permitió la recuperación de la víctima, un niño de un año y medio de edad.

La Fiscalía añadió que el pasado 6 de mayo, solicitó a un juez de Familia, Niñez y Adolescencia del cantón Durán que disponga la localización y recuperación del menor afectado para su traslado a una casa de acogida.

Asimismo, pidió la emisión de las respectivas órdenes de detención con fines de investigación contra tres sospechosos: los padres del referido menor y el propietario del local, Ronald Jamilton Y.C., quien está “prófugo de la justicia”, precisa en el escrito.

La audiencia de formulación de cargos se realizará en las próximas horas por el presunto delito de oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos.

Ese delito está tipificado en el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con pena privativa de libertad de siete a diez años.

En el escrito, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y su lucha contra la impunidad de delitos de naturaleza sexual.

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