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2.000 familias inmigrantes del Sur de Tenerife se quedan sin asistencia social, jurídica y psicológica

El recorte de la subvención del Gobierno de Canarias a un programa de Cruz Roja con más de 10 años de antigüedad obliga a la organización humanitaria a eliminar uno de los servicios de mayor demanda entre los más necesitados
FAMILIAS INMIGRANTES TENERIFE SUR
FAMILIAS INMIGRANTES TENERIFE SUR
Un grupo de inmigrantes asiste a una clase para aprender castellano en la sede de Cruz Roja en San Isidro (Granadilla de Abona). DA

Más de 2.000 familias de inmigrantes sin recursos económicos se han quedado de la noche a la mañana sin el servicio de asistencia que les ofrecía Cruz Roja en el Sur de Tenerife después de que el Gobierno de Canarias dejara prácticamente sin subvención el programa Integración de inmigrantes, que llevaba en marcha desde hacía más de 10 años.

El coste anual del proyecto, de ámbito provincial, si bien la mayor demanda radica en el sur de Tenerife, ascendía a 167.627 euros, para lo que Cruz Roja había solicitado 134.093 euros. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda solo accedió a conceder 21.366 euros, es decir, apenas el 12,75% del programa, como publicó el Boletín Oficial de Canarias el pasado 26 de abril.

La pérdida de financiación ha obligado a Cruz Roja a dejar de prestar un servicio vital, de “máxima importancia” para los más necesitados, que consistía en la prestación de asistencia jurídica, psicológica y social, y que incluía la valoración de cada familia para fijar sus necesidades y agilizar los trámites de las ayudas. De ello se ocupaban un abogado especializado, un psicólogo, una trabajadora social y una educadora, que desde el mes pasado han dejado de prestar servicio al no poder ser contratados por la organización humanitaria.

“Estamos muy preocupados porque hablamos de más de 2.000 familias en el Sur que se quedan sin nada y a nuestra puerta siguen tocando diariamente personas solicitándonos estas ayudas que no podemos darles porque tuvimos que despedir a los profesionales que se ocupaban de ello”, explica a DIARIO DE AVISOS, José Luis Camisón, coordinador de Cruz Roja en la comarca de Abona.

El año pasado la ONG realizó más de 80.000 intervenciones con las más de 2.000 familias que atendió, entre asesoramiento y entrega de kits de alimentos, ropa, material escolar y derivaciones a otras asociaciones con recursos para ofrecer alojamiento. “El asesoramiento jurídico era muy demandado, el mes pasado, cuando cancelamos el servicio, teníamos una lista de espera hasta septiembre”.

La ley establece que para optar a la ayuda de un ayuntamiento la persona solicitante debe llevar un mínimo de seis meses empadronada en el municipio. De ahí que el programa Integración de Inmigrantes se convirtiera, durante más de un decenio, en la tabla de salvación en esa franja crítica de seis meses para miles de personas, nacionales y extranjeros, sin posibilidades de recibir ayudas municipales.

JOSÉ LUIS CAMISÓN
José Luis Camisón. DA

“Ya le hemos trasladado la situación a los ayuntamientos de la comarca para que sean conscientes de lo que ha pasado, porque muchos de los usuarios llegan aquí enviados por los servicios municipales”, señaló el responsable comarcal de Cruz Roja, que recordó que “cuando un inmigrante con necesidades se planta en un ayuntamiento y allí comprueban que no lleva empadronado medio año le dicen: “Lo sentimos, no le podemos ayudar, vaya a Cruz Roja que allí le atenderán”. Ahora eso se acabó”.

Camisón relató que, además del Sur, el otro foco principal de atención es Santa Cruz, “aunque allí los inmigrantes buscan otras alternativas, al haber más asociaciones, para lograr esas coberturas que necesitan. En cambio, en el Sur esas ayudas eran específicas de Cruz Roja”.

Se da la paradoja de que el Gobierno de Canarias concedió la totalidad de la subvención solicitada (233.000 euros) al mismo programa de Cruz Roja en la provincia de Las Palmas, tal como consta en la orden de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda publicada el pasado 26 de abril por el Boletín Oficial de Canarias.

Las subvenciones responden a la “realización de programas de interés general para atender fines de interés social”, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Canarias.

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