Los vecinos de las 358 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Añaza, compradas por el Gobierno de Canarias, a través de Visocan, al Banco Santander, piden que los nuevos representantes de los gobiernos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias cumplan con los acuerdos adquiridos.
En un comunicado, advierten de que nueve meses después de culminarse la operación por casi 25 millones de euros, aún no ha terminado de regularizarse la situación, que pasa, entre otras cosas, por la paralización de los desahucios y desistimiento de los procedimientos judiciales, estudio de planes de pago y búsqueda de alternativas para el realojo.
Además, apuntan que el Ayuntamiento mantenía un convenio con Luri 6 por el que 66 familias vulnerables podían acceder a una vivienda a través de ayudas, y se comprometió, junto a Gobierno de Canarias y Visocan, a la ampliación y ejecución de un plan de choque para integrar a más de 70 familias con escasos ingresos o sin ingresos, que no pueden hacer frente a las rentas establecidas.
Los vecinos afirman que el proceso electoral ha retrasado la regularización de los contratos y las agendas de Servicios Sociales van a permanecer “cerradas” hasta el 1 de septiembre, aparte de que los trabajadoras sociales del Ayuntamiento “no tienen información y no pueden empezar a tramitar nada sin los nuevos contratos”.
Por ello, los vecinos piden al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento que se pronuncien y respeten los compromisos adoptados con los vecinos, agilicen los trámites de regularización y establezcan “cuanto antes” el plan de choque, necesario para las familias vulnerables.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas