La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve “muy probable” que Canarias cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria este año, en basea las previsiones que incluyen el segundo semestre del año, ya sin CC en el Gobierno y con el Pacto de Progreso al frente del mismo. Pero, al mismo tiempo, advierte un “riesgo alto” de incumplimiento de la regla de gasto. Además, mantiene estable su escenario central de déficit público y ve “factible” cumplir con el 2% del PIB notificado a la Comisión Europea por el Gobierno, al no observar cambios significativos desde julio, ya con las nuevas medidas de reasignación presupuestaria propuestas por el nuevo consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aunque entiende que es “muy improbable” que las comunidades autónomas cumplan su meta. Así se desprende del seguimiento mensual de los datos de ejecución presupuestaria, publicado por la (AIReF), en el que pronostica una reducción del déficit durante el segundo semestre de siete décimas desde el actual 2,7% del PIB en términos de 12 meses acumulados que se explica tanto por una mejora de los recursos como por el perfil de ejecución de los gastos.
En materia de ingresos, la AIReF considera posible obtener este año un nivel de recursos compatible con la Actualización del Plan Presupuestario (APE) 2019-2022. Desde enero, los recursos se han reducido dos décimas del PIB hasta situarse en el 38,7% del PIB. Sin embargo, prevé un aumento de cuatro décimas hasta el final del ejercicio por el buen comportamiento de la cuota del IRPF y el crecimiento de las cotizaciones sociales.
En cuanto a los gastos, la AIReF también ve factible alcanzar los empleos previstos en la APE para 2019. El primer semestre finalizó con un nivel de gastos superior al cierre de 2018 (41,4% del PIB) y en el segundo se materializará una reducción de su peso sobre el PIB hasta el 41,1%.
En el análisis individual de último informe se mantienen las conclusiones manifestadas y la calificación de la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2019 en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla y León, que empeora su calificación. El objetivo se estima “muy improbable” para Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. El cumplimiento es “improbable” para Andalucía, Asturias, Madrid y La Rioja. En cambio, es “factible” para Galicia y “muy probable” para Canarias, Navarra y País Vasco. En lo referente al riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, la AIReF mantiene las perspectivas del informe de julio en todas las comunidades autónomas, con riesgos de incumplimiento de la regla de gasto en todas las regiones por el crecimiento estimado y observado en los empleos, asociado a las medidas de aumento del gasto y de rebajas fiscales adoptadas y a la evolución esperada de los fondos de la Unión Europea. En concreto, augura un riesgo moderado de incumplimiento en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja y un riesgo alto en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla- La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.
En agosto, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos remitió a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal un informe con las medidas adoptadas para “corregir el rumbo” de las cuentas heredadas del anterior Ejecutivo y mitigar las desviaciones detectadas en los objetivos del déficit público y de la regla de gasto. Posteriormente, ya en septiembre, ese departamento, ese departamento informó a la Secretaría de Estado de Hacienda de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para reequilibrar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma en 2019 y evitar el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.
La documentación aportada contiene los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, que consisten esencialmente en la retención de créditos no esenciales por importe de 170 millones de euros -con el fin de hacer frente a los gastos en materia de Personal en servicios básicos como la educación y la sanidad- además de diversas propuestas para incrementar los ingresos de la comunidad autónoma, a través de la mejora de la gestión de los procedimientos internos y de la reclamación de un total de 408 millones de euros adeudados por la Administración General del Estado.
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