La asociación ultraconservadora Hazte Oír ha enviado a 23.000 centros escolares de España folletos de su campaña ‘Mis hijos, mi decisión’. En los documentos, que ya han llegado a varios colegios de Canarias, se pide a los docentes aplicar lo que denominan “pin parental”, una medida con la que intentan imponer que pedir permiso a los tutores legales de los alumnos sea obligatorio a la hora de impartir charlas en materia de igualdad de género, LGTBI y educación afectivo-sexual.
El director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Gregorio Cabrera Déniz, adelantó ayer a DIARIO DE AVISOS que están preparando un escrito “muy sencillo” para recordar “la normativa vigente” y que “las acciones que estamos desarrollando en el ámbito de la igualdad y la educación afectivo-sexual están fundamentadas en normas y en los currículum. Por tanto, son comunes para el conjunto del alumnado”.
Docentes de diferentes centros de las Islas se han puesto en contacto en las últimas semanas con la Consejería de Educación. “Ellos tratan temas de igualdad habitualmente y lo hacen desde la normalidad, muchos no le han dado trascendencia al hecho, sino que les parecía una curiosidad y estaban sorprendidos, mientras que otros buscaban una postura oficial”, comentó el director de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
Cabrera Déniz descartó las acusaciones de adoctrinamiento en la escuela realizadas por Hazte Oír e incidió en que los contenidos educativos “son acordes a una educación igualitaria, de convivencia y de respeto, así que estamos totalmente tranquilos”.
Asimismo, apuntó que “la familia no decide a qué actividades acude su hijo, porque la formación en estos asuntos es tan importante como lo es en matemáticas, literatura o historia, así que debe ser obligatoria”.
“Sólo hay que asomarse a los medios de comunicación para ver lo que ocurre, no solo en cuanto a asesinatos, sino respecto a las agresiones y faltas de respeto a la integridad física y emocional”, señaló Cabrera Déniz.
Las situaciones de desigualdad social “nos dan la razón a la Consejería cuando damos importancia a estos contenidos que educan en valores a la sociedad y que forman parte de nuestro sistema educativo y jurídico”, sentenció.
Un presunto caso de incitación al odio
La campaña de Hazte Oír fue denunciada a nivel nacional por Comisiones Obreras (CCOO) el pasado lunes al considerar el sindicato que se trata de un “presunto acto de intolerancia e incitación al odio”.
José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, afirmó ayer a este periódico que “pusieron en conocimiento de estos hechos a la Consejería de Educación hace dos semanas”, cuando tuvieron constancia de que ya habían llegado los primeros documentos de la asociación ultraconservadora a un centro de Fuerteventura.
Barroso consideró que es la Consejería quien debe actuar ahora ante esta situación, “informando a los centros sobre qué deben hacer ante lo que consideramos una intromisión ilegítima en la Educación, que está regulada por diferentes leyes a nivel estatal y regional”.
Barroso insistió en que la campaña “difunde ideas que no son ciertas e intenta censurar contenidos sobre igualdad, lo que supondría un retroceso en materia educativa y social”.
Expertos en educación afectivo-sexual rechazan la campaña
Desde el colectivo Harimaguada, que ha promovido programas recogidos por el Gobierno regional como el Plan Institucional de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil (1997-2003) y el Programa Institucional de Educación Afectivo Sexual (1986-2003), expresaron ayer “su rechazo más profundo” ante la nueva campaña de Hazte Oír, que calificaron de “atentado contra las leyes vigentes y la igualdad, el respeto y el reconocimiento de las diversidades como valores básicos”.
Canarias, en el punto de mira de ‘Hazte Oír’
La campaña ‘Mis hijos, mi decisión’ de la asociación ultraconservadora pone el foco en 21 centros escolares de Canarias por incluir en sus charlas lo que a ojos de la asociación son “contenidos de adoctrinamiento e ideología de género”.
En Tenerife son ocho los centros que señalan como parte de un supuesto “adoctrinamiento”: el CEIP Santa Úrsula, por la exposición sobre igualdad ‘MiraDAS’, y los IES Santa Ana y Cabo Blanco por dar charlas sobre educación afectivo-sexual. A estos se suman cinco centros públicos de Arona.
Asimismo, tachan de “peligrosas” las leyes que recogen los derechos del colectivo LGTBI. En el caso de Canarias, apuntan a la Ley 8/2014 de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
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