El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se comprometió este martes a buscar “todos los ingresos necesarios”, incluidas subidas fiscales, y a “explicarlo donde haga falta”, para contar en 2020 con un presupuesto regional “verdaderamente social y sostenible”.
En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento de Canarias, Torres reiteró que los planes del Gobierno incluyen subir el IGIC de 6,5% al 7% para “enmendar el error” que a su juicio cometió el anterior ejecutivo, así como a revisar el resto de “la carga fiscal” si no hay fondos suficientes para cumplir la agenda social.
Los representantes de CC, PP y Ciudadanos rechazaron los planes del Gobierno de Canarias para subir impuestos en un escenario de desaceleración económica y quizás de crisis, sin revisar antes los gastos superfluos de la administración.
“Tiene que realizar un diagnóstico de la realidad en que se mueve para ver si está en condiciones de mantener el discurso de investidura, no todo se resuelve subiendo impuestos”, advirtió José Miguel Barragán, portavoz de CC-PNC-AHI, e instó al presidente a abandonar “la actitud dócil” con el Gobierno del Estado.
Torres dijo ante el pleno que en el presupuesto de 2020 se realizarán “los ajustes precisos para corregir los errores y las malas previsiones” del presupuesto de 2019, aprobado con los votos de CC, PP y ASG.
Entre los eventuales “ajustes” fiscales, Torres mencionó, además de medio punto de incremento en el IGIC, aumentar el IRPF para rentas superiores a 80.000 euros, cargas impositivas “a los que tienen mayores recursos” y una subida en el IGIC de los artículos de lujo, pero no contestó específicamente a si tocará la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones.
Otra de las vías para obtener liquidez será revisar el Fondo de Desarrollo de Canarias de acuerdo con cabildos y ayuntamientos, además de recabar todas las transferencias del exterior posibles.
Si no hay otra vía “revisaremos la carga fiscal”, porque, garantizó Torres, en el presupuesto de 2020 habrá partidas para la renta ciudadana, para desarrollar la ley de servicios sociales, para bajar las ratios en educación, para mejorar los servicios sociales y la sanidad y para luchar contra el cambio climático.
“Hace falta un presupuesto verdaderamente social y sostenible”, sentenció el presidente.
Rechazó además las acusaciones de docilidad con el Estado lanzadas por Barragán y señaló que ha conseguido mediante el acuerdo, y no “la judicialización”, incorporar los 500 millones de euros pendientes del convenio de carreteras y los 207 millones de entrega a cuenta por la financiación autonómica de 2019.
El presidente confió además en que tras las elecciones, en diciembre o en enero, se aborde la revisión de la financiación autonómica, en cuyas negociaciones planteará las demandas de Canarias como región alejada, ultraperiférica y con necesidades especiales.
El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, corroboró que se está trabajando en “una revisión prudente, moderada y proporcionada” de la fiscalidad para corregir la “irresponsable” rebaja del anterior ejecutivo y poder así financiar las necesidades sociales, el cambio climático y la vivienda pública, además de que se perseguirá el fraude fiscal.
El diputado del PP Manuel Domínguez reprochó al Gobierno que quiera subir los impuestos cuando muchas familias están en situación de pobreza y no pueden cubrir sus gastos básicos y acusó al ejecutivo de “quitar el dinero del bolsillo de los ciudadanos para devolvérselo en forma de ayuda”.
Vidina Espino, de Ciudadanos, instó al Gobierno a revisar primero el gasto superfluo, innecesario y duplicado en la administración autonómica antes de “castigar a la clase media y trabajadora” con una subida de impuestos injustificada cuando hay un superávit de 360 millones de euros y una recaudación “récord” en el IGIC.
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