La Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) califica de “emergencia social” la situación del sur de Tenerife por la falta de viviendas, que achaca a la carencia de una política “clara, operativa y suficiente” del Gobierno de Canarias en los últimos años y a los trámites burocráticos, especialmente de los ayuntamientos, a la hora de tramitar las licencias.
El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, aseguró a DIARIO DE AVISOS que el problema es de tal magnitud que augura a corto plazo un “estrangulamiento” de la actividad económica, si no se busca una solución ya. “La situación es escandalosa, preocupante y muy dañina para la economía y el empleo, y está poniendo a prueba la supervivencia de muchas empresas promotoras y constructoras en el Sur”, advierte.
Izquierdo asegura que desde hace 10 años no se ha edificado vivienda nueva porque no se ha desarrollado una política adecuada por parte de las administraciones públicas. “No han hecho absolutamente nada, han mirado para otro lado y pasan los años sin ninguna iniciativa de promoción pública”, afirma el presidente de la patronal constructora, que, preguntado sobre el comportamiento del mercado de la vivienda privada, atribuye la falta de construcciones al “muro burocrático” de los consistorios. “No hay manera de que las oficinas técnicas municipales trabajen con diligencia, las licencias se eternizan en los laberintos administrativos sin dar solución a la promoción privada, que está atascada por la falta de diligencia de los órganos públicos”, sostiene.
La realidad revela que el desarrollo exponencial que ha experimentado el sur de Tenerife en lo que va de siglo -la suma de habitantes en Arona, Granadilla de Abona y Adeje ya supera la población de Santa Cruz-, no solo se visualiza en una insuficiente oferta de viviendas. El desbocado crecimiento poblacional tampoco se ha correspondido con un impulso de las grandes infraestructuras públicas, como llevan denunciando desde hace años alcaldes, empresarios y colectivos sociales de toda la comarca.
“El déficit es alarmante, hay que construir vivienda nueva, porque es la que se ejecuta donde existe la demanda”, señala Izquierdo, que recuerda que antes de 2008, el año en el que estalló la crisis económica, no existían problemas de residencia en el Sur. “Los trabajadores provenientes de otros lugares que venían a trabajar al Sur vivían sin ninguna dificultad en la comarca”, afirma. Actualmente, conseguir un piso o un apartamento próximo a las zonas turísticas a un precio razonable es una misión prácticamente imposible.
Ante este panorama, la patronal de la construcción considera que el mercado se encargará de regular automáticamente los precios y las necesidades desde que exista una oferta “conveniente y proporcionada”. “No se puede achacar toda la culpa del aumento de precios al alquiler vacacional, porque sería un grave error de concepto que impediría encontrar las soluciones adecuadas. El origen se encuentra en la escasez de viviendas”, enfatiza el líder de la federación provincial.
Fepeco propone dos líneas de actuación: una “política pública de vivienda”, para dar respuesta a la necesidad básica de todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos económicos, que incluirían las casas de alquiler para los trabajadores, y una “política de vivienda pública”, para solucionar los problemas de “emergencia habitacional” en los sectores de la población con menos recursos y en riesgo de exclusión social, con especial atención a aquellas familias con menores a su cargo, facilitando el acceso a un alquiler social que no supere el 30% de sus ingresos.
PACTO CANARIO
Los constructores insisten en que hay que poner en marcha un Pacto Canario por la Vivienda, que integre a empresarios, administración y colegios profesionales, para impulsar una “política de vivienda de consenso, que no se mueva al albur de los cambios políticos, con vocación durable en el tiempo y consistencia técnica y legal para construir las viviendas imprescindibles”.
La carestía de los alquileres en la comarca sur está provocando la aparición de los primeros poblados en algunas zonas próximas a núcleos habitados de municipios como el de Arona, tal como informó este periódico el pasado día 3. Se trata de infraviviendas autoconstruidas por trabajadores empobrecidos que no pueden pagar los precios prohibitivos del mercado. Es la imagen más gráfica de una realidad preocupante en la comarca sur.
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