El Cabildo Insular de La Palma está dispuesto a completar el proyecto de recuperar, en formato digital y en un acto que la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de La Palma define como “de justicia moral y cultural”, los archivos de la Guerra Civil que se encuentran en Salamanca y donde figuran los archivos de un total de 142 palmeros “acusados” por el franquismo de masones.
El objetivo, cuyo trabajo inicial se sitúa en la legislatura anterior, pasa por firmar un segundo convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, del que depende el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca, donde durante 2019 se ha hecho una labor de localización y recuperación de toda la documentación para su posterior digitalización.
“Para nosotros, como responsables al frente de Cultura y Patrimonio en el Cabildo es fundamental que toda esa información acerca la Guerra Civil puede estar a disposición de todos los palmeros en el Archivo General de La Palma”, señala Monterrey.
El Archivo General de La Palma se creó en 2002 con el objetivo de “reunir el riquísimo legado documental atesorado en la isla durante sus más de cinco siglos de historia”. Si bien en un principio recogió únicamente el fondo del distrito notarial de Santa Cruz de La Palma, con el tiempo se han ido incrementando sus materiales documentales con la incorporación de otros conjuntos donados o depositados en sucesivas etapas posteriores. Si las previsiones del Cabildo y de Jovita Monterrey se cumplen, se logrará recuperar un patrimonio al que deben tener acceso los palmeros y en el marco de un proceso que ha contado con la “inestimable colaboración de José López Mederos”.
Se refiere Monterrey al profesor de Historia y Geografía más conocido como Pepe López, impulsor de iniciativas tan importantes como el reconocimiento de los ocho palmeros republicanos que fueron asesinados en el campo nazi de concentración de Mauthausen y para los que se prevé llevar a cabo un reconocimiento cuyo proyecto podría lograr financiación en las cuentas de 2020.
El origen de la necesidad de recuperar la documentación referente a la isla de La Palma, tiene que ver, como ocurre con varios centenares de ciudades españolas, cuando el 13 de septiembre de 1936 se emitió un decreto por el que se establecía la incautación de «cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenezcan a los referidos partidos políticos o agrupaciones, así como a cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional, pasando todo ello a la propiedad del Estado».
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