La ‘guerra’ por las mascarillas ha llegado a los juzgados con un resultado desigual. Mientras en Gran Canaria se ha multado a la subcontrata del Ayuntamiento capitalino por no abastecer de las mismas, la misma reclamación (en ambos casos realizada por UGT) ha sido desestimada “por imposible” en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife.
Respecto al caso de Gran Canaria, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias informa esta mañana de que “la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para asistir a domicilio a personas dependientes, Clece S.A., ha sido condenada a pagar una multa de 1.000 euros por cada día que pase sin que entregue mascarillas, gel desinfectante, guantes y batas desechables a todos los empleados que prestan este servicio”.
En concreto, ha sido el Juzgado de lo Social número 8 de la capital grancanaria el que dictó el pasado lunes el auto que requiere a Clece S.A. en Las Palmas de Gran Canaria para que cumpla de inmediato con un auto anterior del mismo juzgado, dictado el pasado jueves 19 de marzo, en el que se admitió la petición de medidas cautelarísimas solicitadas por UGT para que en el pazo de 48 horas se entregaran a los empleados que acuden a los domicilios a asistir a personas dependientes equipos de protección individual.
En el auto de este lunes, el juez constata que la empresa de asistencia domiciliaria no había cumplido “con la totalidad” de las medidas cautelares
acordadas en el auto anterior, por lo que requiere a Clece para que “en el plazo de un día” cumpla con las restantes medidas no tomadas, “con apercibimiento de multa de 1.000 euros por cada día de demora en el cumplimiento de lo acordado”.
La decisión judicial en el caso de Las Palmas es de sentido contrario a la que tomó sobre un caso análogo el pasado lunes un juzgado de lo Social de
Santa Cruz de Tenerife. Ante idéntica petición respecto al servicio que presta Clece para el ayuntamiento de la capital santacrucera, el Juzgado de
lo Social número 8 de aquel partido desestimó la demanda sindical y admitió que para Clece y para el Ayuntamiento era imposible en el
momento actual dictar de equipos de protección a todos los empleados de la empresa.
En el caso tinerfeño, tal decisión judicial ya ha sido recurrida por la UGT, en decisión que, llegado el caso, correspondería a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la unificación de criterios y, por ende, el final de esta ‘guerra’ por las mascarillas en los juzgados. Es menester resaltar que el recurso de UGT se basa, precisamente, en la decisión adoptada por el juzgado grancanario.
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