El caso reparos no es nuevo, ni surgió tras el reciente archivo en el Tribunal Supremo de la otra causa penal que acuciaba al expresidente canario Fernando Clavijo, el caso Grúas. En realidad es una denuncia que interpuso en enero de 2018 el hoy concejal de Urbanismo de La Laguna, Santiago Pérez, líder de un pequeño partido local, Avante La Laguna, tras revisar centenares de documentos municipales que le llamaron la atención: durante años, el alcalde de la ciudad, Fernando Clavijo, había ampliado la vigencia de importantes contratos cuando llegaban sus vencimientos y sus prórrogas legales, esquivando convocar concursos y siempre en contra del criterio del interventor municipal. Esta práctica, que se inició en 2013, fue continuada por el sucesor de Clavijo cuando este saltó a la presidencia de Canarias, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. En total y hasta la fecha se sabe que Clavijo y su sucesor levantaron 140 reparos de la Intervención para poder prorrogar una veintena de contratos, cuyo importe supera los 60 millones de euros. Aunque el denunciante estima que el volumen total puede alcanzar los 80.
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