El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, manifestó ayer que la decisión del Gobierno central de autorizar el uso del superávit de la Administración autonómica correspondiente a los años 2018 y 2019 por importe de 389 millones de euros para compensar la caída de ingresos fiscales derivada de la crisis de Covid-19 “es un paso adelante, pero insuficiente”.
El vicepresidente explicó que se ha cumplido parte de lo acordado, pero avisa de que “siguen faltando 581 millones de euros para compensar la caída total de ingresos prevista en la Administración autonómica para el año en curso”, estimada en 970 millones de euros. “Seguiremos reclamando una actuación decidida para dar respuesta a una reclamación justa y sensata, ya sea por transferencias o por el desbloqueo de los 500 millones de la sentencia de carreteras y la autorización de endeudamiento”, apostilló. Rodríguez recordó que Canarias “ha cumplido escrupulosamente en los últimos años sus deberes fiscales, que es una de las autonomías menos endeudadas y que, por contra, será de las que más sufra las consecuencias económicas de la crisis debido a su mayor dependencia del turismo, el sector que más tardará en recuperar una cierta normalidad”.
El vicepresidente volvió a demandar la aprobación, una medida similar a la reconocida al Gobierno de Canarias para el caso de los cabildos y los ayuntamientos, afectados igualmente por la abrupta disminución de ingresos tributarios, estimada para el presente año 2020 en unos 590 millones de euros y que “merecen que se les permita utilizar sus superávit y remanentes de tesorería”.
En cualquier caso, considera “muy relevante” el hecho de que sea la primera vez, desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria el año 2012 en el Congreso de los Diputados, que se permite usar el superávit de una administración pública para un fin distinto al del pago de la deuda a los bancos.
“Ha quedado demostrado que, si hay determinación en la exigencia y voluntad política para reconocerla, se puede dar una respuesta diferenciada al Archipiélago, por lo que ahora insistiremos para que se adopten todas las medidas que nos permitan compensar la totalidad de la caída de nuestros ingresos y, por tanto, podamos mantener nuestros servicios públicos esenciales”, sentenció Román Rodríguez.
En relación al fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas, cuyos criterios de distribución se aprobó ayer mediante un real decreto ley, el vicepresidente entiende que es “positivo” que la Administración General del Estado compense los gastos adicionales en sanidad, educación, transportes y por la caída en tributos cedidos, aunque con este último bloque no se conforman y van a “hacer todo lo posible”, en el trámite de convalidación, “para que se mejore la asignación a Canarias, de forma que se acerque más a la merma de recaudación” calculada.
El partido que lidera Rodríguez, Nueva Canarias, secunda las modificaciones. El coordinador territorial y portavoz parlamentario, Luis Campos, destaca los 2.000 millones de euros destinados a educación por la compleja readaptación que deberá enfrentar la comunidad educativa para el inicio del nuevo curso escolar 2020/2021. El dirigente de NC recalca que el citado fondo no cubre completamente la pérdida de ingresos del bloque del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los cabildos y los ayuntamientos, a través de la autorización del uso del superávit, los remanentes y el endeudamiento. Campos ve urgente resolver la demanda de las corporaciones locales, una vez que el Ejecutivo canario ya tiene la autorización para usar el superávit y encauzado el endeudamiento a través de la próxima reunión de la bilateral.
“Los territorios no tendrán que reintegrar el dinero y tampoco repercutirá en la deuda e intereses a pagar y es un factor a considerar con respecto al impacto de la Covid-19 en las cuentas públicas de Canarias y del resto de las comunidades autónomas”, constata Campos.
A juicio de NC, los cambios introducidos en los criterios de distribución son un “acierto”. Especialmente, según Luis Campos, los 2.000 millones de euros para educación, que se abonarán en septiembre en un 80% para las necesidades del alumnado de entre cero y 16 años, y el 20% restante en la etapa universitaria (17 a 24 años). Campos resalta que educación es una de las áreas más complejas de gestionar para readaptar sus infraestructuras y las necesidades a los cambios obligados por el coronavirus. Tras afirmar que la desaparición de los 1.000 millones de euros materia social queda compensada con el Ingreso Mínimo Vital, menciona uno de los parámetros incorporados para el reparto de los 9.000 millones de euros en sanidad, la totalidad de las pruebas PCR realizadas, como había solicitó el Ejecutivo canario.
Reconoce también los 800 millones de euros para compensar al transporte, que en las Islas, que serán administrados por los cabildos, y en similares términos se refiere a los 4.200 millones que servirán para compensar la merma de ingresos de los impuestos cedidos. No obstente, precisa Campos, “aún queda una demanda que urge resolver” para los consistorios y los cabildos canarios por la pérdida de los ingresos del REF: “La alternativa es la misma que para el cuatripartito y por idénticos motivos. La pérdida de ingresos propios debe ser compensada con el permiso para utilizar su superávit, remanentes y el endeudamiento”.
Torres: “Se ha mejorado el reparto”
En palabras de Ángel Víctor Torres, la fórmula para distribuir los 16.000 millones “mejora la primera propuesta”. El presidente autonómico remarca que Canarias pidió que se tuvieran en cuenta todos los test efectuados como criterio de reparto de la parte destinada a sanidad, y no solo los PCR positivos, que hubiera fondos específicos para educación y una partida determinada para transportes. “Las demandas han sido consideradas” en este proceso, remacha.
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