El archivo definitivo del caso Grúas por lo que respecta a su rama lagunera tendrá que esperar. Así lo ha decidido la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en una decisión que, cabe aclarar, afecta a todos los imputados por esta causa menos a uno, el senador y expresidente regional Fernando Clavijo (Coalición Canaria), cuya implicación en la misma es competencia del Tribunal Supremo, a raíz de su aforamiento. Los otros tres investigados son el también exalcalde lagunero de CC, José Alberto Díaz; el exedil Antonio Pérez Godiño (igualmente de Coalición Canaria), y la técnica municipal Rosario García.
En concreto, el auto dictado por la Audiencia Provincial (al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS y que está fechado el pasado día 4) estima parcialmente los recursos interpuestos por las acusaciones particulares impulsadas por Avante Tenerife y Unidas Podemos contra el archivo decretado por el jugado lagunero (Instrucción Número 2), al entender que no basta con que dicho órgano judicial se limite a extrapolar la decisión del Supremo, que no observó relevancia penal en la conducta de Clavijo en relación con este caso.
En palabras de la Audiencia, el archivo lagunero sobre los tres imputados no aforados “no colma el requisito de motivación de la decisión de archivo respecto de cada uno de los investigados no aforados”.
Así las cosas, la Audiencia estima que la jueza, para decretar dicho archivo, tiene que dar “respuesta a las alegaciones formuladas por las acusaciones relativas a las actuaciones que consideran delictivas [las acusaciones] y que habrían realizado cada uno de los tres”, y, además, hacerlo de forma “individualizada”.
Tras detallar las mismas, la Audiencia señala que, a su juicio, “se trata de imputaciones de conductas dolosas activas u omisivas de supuesto contenido prevaricador, de actuaciones individualizadas realizadas separadamente por cada uno de los tres investigados y, por tanto, no plenamente absorbidas por su intervención en su caso en la aprobación de los decretos” que fueron firmados por Clavijo.
Para entenderlo mejor, si bien Clavijo tenía un rol principal en este asunto y fue quien firmó los decretos que estén en el núcleo de esta investigación, que los otros tres tuvieran un papel secundario no es, por sí solo, suficiente motivo como para dar por hecho que su implicación en el caso tampoco tiene relevancia penal.
Además, este auto de la Audiencia Provincial afecta a otro técnico municipal lagunero. Se trata de Alejandro Cordero, sobre quien la jueza lagunera tendrá que pronunciarse sobre si debe ser llamado a declarar como investigado o no, una orden dada en su día al órgano instructor por la propia Audiencia Provincial sobre la que “no consta que a fecha de la decisión de archivo se cumpliera”.
Cabe recordar que el caso Grúas investiga la presunta comisión de varios delitos en relación con la concesión de dicho servicio municipal por parte del Ayuntamiento de La Laguna durante la etapa de Clavijo como alcalde, siendo Díaz el concejal del área en cuestión.
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