La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una investigación sobre la compra de los terrenos anexos a la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, ubicada en el barrio de Geneto, dentro del término municipal de La Laguna, según adelantó el miércoles Mírame Televisión.
Dicha investigación se produce a raíz de una denuncia interpuesta por el interventor general del Cabildo de Tenerife, Antonio Messía de Yraola, sustentada sobre su propio informe de intervención, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS.
En el mismo, el alto funcionario advierte sobre la presunta comisión de tres delitos (malversación, prevaricación y administración desleal) cuando, en 2012, el Cabildo insular compró los terrenos, de unos 30.000 metros cuadrados, por 18,9 millones de euros. El club recibió 13 millones, mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP, cuyo 45% pertenecía entonces al Cabildo y el 55% restante a capital privado.
En su informe, el interventor pone el foco sobre dos asuntos. El primero es la tasación de dichos terrenos, que “representa un incremento del 524%” con respecto al valor catastral de las parcelas en 2017. Para llegar al precio final que aceptó el Cabildo, según relata el funcionario, la tasación utilizó como referencia valores de las vías más céntricas de Santa Cruz de Tenerife. El informe asevera que se usaron datos de las calles del Castillo, del Pilar o Valentín Sanz; a pesar de que los terrenos adquiridos se encuentran a 12 kilómetros, en San Bartolomé de Geneto.
El segundo foco del interventor se posa sobre la empresa NAP de África Occidental SA, que en 2007 compró por nueve millones a la Promotora del CD Tenerife una de las dos parcelas que después se vendieron al Cabildo insular. A pesar de tener cerca de 4.000 metros cuadrados más que la otra finca, los terrenos se pagaron más baratos, 5,9 millones frente a 13; es decir, tres millones menos de lo que costaron cinco años antes. 13 meses después de la operación, la Corporación insular adquirió, a través de la sociedad Instituto Tecnológico de Energías Renovables, la totalidad de las acciones de NAP. Según las conclusiones del informe del interventor, “los precios de las compraventas realizadas por el NAP, y la posterior compra del ITER de las acciones que ostentaban los empresarios privados que participaban en el accionariado del NAP, suponen un perjuicio que se irroga al capital público de la sociedad”.
Otro de los agujeros de la operación está relacionado con la falta de procedimiento administrativo ajustado a la legalidad. No se tramitó el correspondiente expediente de licitación y “no concurrió ningún supuesto que facultara la posible adquisición”, asevera el interventor. El informe añade que tampoco se justificó “el requisito esencial de la causa, deviniendo innecesaria la adquisición realizada por Parque Científico y Tecnológico de Tenerife”. Los problemas financieros de esta última empresa sirvieron al interventor para tener noticia de estos hechos, dado que sostiene no haber sido informado en su momento. Al considerar que puede existir responsabilidad contable por existencia de alcance, ha dado cuenta al Tribunal de Cuentas.
El consejero insular de sí Podemos, David Carballo, dijo que “sería intolerable que se estuviese pagando con el dinero de toda la población una operación que no hubiese resultado beneficiosa para el Cabildo y cuyo único favorecido hubiera sido el CD Tenerife, puesto que dicha adquisición permitió a la entidad privada sanear su mala situación económica por aquel entonces”.
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