crisis migratoria

Policías y guardias civiles denuncian la “descoordinación” del Gobierno con la inmigración en Canarias

Esta situación "está provocando graves perjuicios en el servicio policial" y el Ministerio del Interior no ejerce su competencia exclusiva como coordinador de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad implicados en la atención de esta crisis de pateras, aseguran los sindicatos
Dos agentes de la Policía Nacional en una calle de Madrid. Europa Press
Dos agentes de la Policía Nacional en una calle de Madrid. Europa Press
Dos agentes de la Policía Nacional en una calle de Madrid. Europa Press

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian lo que consideran una “descoordinación ministerial” ante el fenómeno de la inmigración ilegal que está afecta a Canarias.

Esta situación “está provocando graves perjuicios en el servicio policial” y el Ministerio del Interior no ejerce su competencia exclusiva como coordinador de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad implicados en la atención de esta crisis de pateras, aseguran los sindicatos en un comunicado.

Asimismo, destacan que “llevamos años denunciando las carencias del actual modelo policial por la inacción de los órganos llamados a ejercer su responsabilidad de dirección y supervisión”.

Un ejemplo de estas carencias es la situación que se vive desde hace varias semanas en Canarias, con la visita de varios ministros “sin que el Gobierno de España haya puesto solución al problema”.

Los sindicatos de las fuerzas de seguridad piden un refuerzo de las fronteras exteriores, como elemento fundamental para recuperar la confianza pública”.

Recuerdan que, en 2019, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) ponía en marcha su propio cuerpo policial y convocó un proceso de selección para cubrir 700 plazas de agentes que pasarán a formar parte de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que operará a nivel europeo.

Este nuevo cuerpo policial tendrá la competencia de controlar las costas y los límites territoriales de los países fronterizos con Estados de la Unión Europea.

“Pero el objetivo de reducir la presión migratoria y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes sólo podrá lograrse si se concibe como un reto al que asignar suficientes medios materiales”, aseguran.

SUP y AUGC creen necesarios inversiones de urgencia en medios de protección frente al contagio del Covid-19, vehículos, instalaciones móviles para la toma de huellas o incoación de expedientes de extranjería, refuerzo de plantillas, adquisición de medios aéreos y marítimos y potenciación de la prevención en los países de origen mediante equipos conjuntos de investigación.

También destacan que incidentes como el desalojo de 200 migrantes del puerto de Arguineguín destapan nuevos episodios de descoordinación entre administraciones, en un momento en el que es necesaria una respuesta global, coordinada y conjunta.

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