Se ha convertido en un referente a la hora de denunciar el atasco burocrático en las administraciones públicas canarias, un discurso que le ha generado bastantes más adhesiones que críticas, incluso más allá del ámbito de la construcción. Representa a un sector en el que trabajan de forma directa más de 52.000 personas en el Archipiélago y ahora, con el turismo por los suelos a causa de la pandemia, es la única actividad que mantiene las constantes vitales de la economía insular, la que impide el encefalograma plano.
Óscar Izquierdo, presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), asegura que el sector asume el reto de mover la palanca del levantamiento económico y social, pero pide a las administraciones que “nos dejen trabajar con fluidez, nos faciliten la actividad y asuman, de una vez por todas, que deben ser una parte de la solución y no del problema”.
-Sus críticas, a través de este periódico, por el bloqueo de licencias de obra mayor por las oficinas técnicas de los ayuntamientos, han generado una corriente de adhesiones mayoritaria. ¿Le ha sorprendido la reacción tras su denuncia pública?
“Ha sido impresionante. Pensaba que era un problema del sector de la construcción, pero tras la publicación en DIARIO DE AVISOS la reacción ha sido apabullante desde diversos ámbitos. Incluso me ha parado la gente por la calle y me han llamado funcionarios y políticos para darme la razón. Además de nosotros, los propios empleados públicos y los gobernantes también son víctimas de una Administración que no funciona. Es la maquinaria de los ayuntamientos, cabildos y Ejecutivo regional la que impide avanzar para desesperación de los gobernantes. En las últimas décadas se ha creado una maraña legislativa en torno al urbanismo, con leyes que se contradicen unas con otras y con la normativa autonómica más extensa sobre esta materia. Pero no es un problema solo de simplificación urbanística, sino de funcionamiento, de estructura. Hay que implantar la productividad”.
-¿Cuál sería, a su juicio, la radiografía de la “asfixiante e inoperante burocracia”, como usted mismo ha definido recientemente en este periódico?
“Falta planificación, se incumplen los plazos establecidos en cada normativa para la diligencia de los trámites, existe una total descoordinación entre los departamentos o servicios, que se han convertido en muchos casos en reinos de taifas; los cargos directivos de libre designación están ocupados en la mayoría de ocasiones por sueldólogos, es decir, personas sin los debidos conocimientos porque son colocados a dedo y lo mismo da que los pongan en una dirección general que en otra porque no se enteran de nada, y los servicios están descabezados porque la mayoría de los empleados públicos no son funcionarios de carrera, sino personal laboral o interinos”.
-Pero también habrá profesionales que respondan y que cumplen con su trabajo, aunque no les ayude el entorno que usted describe…
“Por supuesto. Hay muy buenos trabajadores que hacen incluso más tareas de las que les corresponde, pero después hay otros que no llegan a hacer lo mínimo imprescindible y, como no se cuantifica ni se mide la productividad, cobran igual al final de mes. Tampoco ayuda el teletrabajo en la función pública. Muchos dirigentes políticos y empleados públicos reconocen que es improductivo. No están fijados los objetivos a cumplir y fallan los canales de comunicación para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios”.
-¿Hasta qué punto influye en esta situación la judicialización de la política y, en concreto, las reticencias de los funcionarios a la hora de firmar expedientes?
“Mucho. El miedo a firmar es una realidad. Los egos personales de algunos políticos y abogados, que intentan judicializar cualquier expediente, licencia o proyecto de inversión están arruinando Canarias. Nadie quiere firmar nada y da igual que dure el tiempo que sea, que los proyectos se suspendan o que las empresas que invierten se arruinen. Hay desconfianza y miedo entre los empleados públicos”.
-Usted ha centrado gran parte de sus críticas en las oficinas técnicas de los ayuntamientos del Sur, donde ha denunciado que para otorgar una licencia de obra mayor se llega a tardar 30 meses cuando la legislación establece un plazo de tres. Pero, ¿cuál es la situación en la capital tinerfeña?
“La caída del Plan General de 2013 ha sido un duro golpe para la ciudad, porque se está aplicando el documento del 2005, con lo que eso significa de retroceso. Hay que actualizar urgentemente las ordenanzas municipales y seguir trabajando hasta la aprobación de un nuevo Plan General. El daño tremendo que se está haciendo a las empresas de la construcción es incalculable. No es de recibo que se espere dos años para una licencia”.
-¿Esas demoras están afectando al mercado de la vivienda con un encarecimiento de los precios?
“Absolutamente. El retraso continuo en la concesión de licencias tiene un efecto perjudicial para el ciudadano comprador porque hay poco mercado y las ventas y alquileres son más caros”.
-¿Le consta que se estén dando pasos para agilizar los plazos?
“Tengo constancia de que tanto el alcalde de Santa Cruz, el concejal de Urbanismo y la responsable y jefa jurídica de la Gerencia están poniendo todo el interés para acabar con este cuello de botella, pero enfrente está una maquinaria burocrática obsoleta, que es reacia a los cambios y que no permite agilizar los procedimientos. Le doy un dato: en Las Palmas de Gran Canaria hay actualmente en marcha o están a punto de ejecutarse 33 promociones (obras nuevas), mientras que en Santa Cruz de Tenerife no llegan a cinco”.
-¿Cómo marchan las grandes obras de Tenerife?
“Estamos en un momento de impasse o de espera ilusionante. Está en marcha el Anillo Insular por el Sur, que es muy importante, y también se acometerá el tramo norte desde San Juan de la Rambla hasta Icod. Falta cerrar el anillo del área metropolitana, lo que antes se llamaba la Vía Exterior y que lo puede suplir la variante de La Laguna, que conectará Guamasa con la glorieta de Lora Tamayo. Esta triple acción provocará que el Sur, Norte y área metropolitana se dejen de dar la espalda y contribuirá a avanzar en la unificación social de Tenerife”.
-¿Están conformes con el ritmo de los trabajos del Anillo Insular?
“Siempre nos gustaría que fueran más rápidos. Tenerife acumula un retraso en obra pública de 30 años en comparación con otras islas donde sí se han ejecutado todas las obras desde el primer convenio de carreteras firmado entre el Estado y Canarias”.
-¿Por qué se ha atrasado tanto el reloj de las grandes infraestructuras públicas en Tenerife?
“Porque en Tenerife hemos pasado 30 años de pura propaganda, ruedas de prensa y marketing. Quizá porque había políticos que pensaban que la Isla era su finca particular y dejaron que se convirtiera en la última isla de Canarias. En cambio, las obras en Gran Canaria se desarrollaron porque había políticos de Tenerife que tenían interés en entrar electoralmente en la isla vecina. Allí se establecieron unas prioridades y se ejecutaron. El problema, por tanto, no hay que buscarlo fuera, los responsables de que Tenerife esté en una situación tan dramática y delicada son los que han gobernado durante 30 años, que han dejado una isla devastada, colapsada, atascada e inmovilizada”.
-¿En qué han cambiado las cosas con el actual Gobierno de Canarias y, en particular, con la Consejería de Obras Públicas?
“Sebastián Franquis está tratando a Tenerife mejor que otros consejeros de esta isla. Hemos tenido presidentes de Gobierno y responsables de Obras Públicas de Tenerife y para nada han servido. Al contrario, nos han perjudicado. Ahora, que tanto el presidente como el consejero son de Gran Canaria, tenemos esperanzas de que suceda a la inversa. De momento, las relaciones con el Gobierno actual son normales. Colaboramos, nos respetan y reconocen el valor del sector que representamos”.
-¿Y eso en qué se traduce? ¿Se han agilizado proyectos respecto a la etapa anterior?
“Sí. En este momento se está haciendo lo que no se hizo. Aquí estábamos acostumbrados a poner siempre la primera piedra para sacarse la fotografía, pero nunca se ponía la última. Ahora se están haciendo los proyectos y eso lleva su tiempo. Con el nuevo Gobierno se nota una mayor agilización y esperamos que en los dos próximos años exista un montante de ejecución de obra pública en Tenerife muy importante”.
-¿Cuál es la obra que debería impulsarse con mayor celeridad?
“Hay que terminar el cierre del Anillo Insular, incluyendo la vía exterior de La Laguna, porque el área metropolitana es la única zona urbana de toda España con más de 350.000 habitantes sin una vía de circunvalación. Y, además, La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad, está atravesada por una autopista, lo cual parece contradictorio. Hay que sacar el tráfico de Aguere y de Santa Cruz”.
-¿Qué otros proyectos considera Fepeco que son prioritarios?
“Hacer un carril más en las autopistas del Norte y del Sur es fundamental, pero tampoco debemos olvidar otras actuaciones claves para la Isla como una nueva terminal para el aeropuerto del Sur que acabe con el edificio cochambroso actual y que demuestra el desprecio de AENA con Tenerife. Debo decir que los dos alcaldes que junto con Fepeco han estado luchando desde hace más de 25 años por una nueva terminal y una segunda pista han sido Pedro Martín (en su etapa de regidor de Guía de Isora) y José Miguel Rodríguez Fraga (Adeje). También nos parece prioritario el puerto de Fonsalía, la autopista marítima que ayudará a relanzar la economía de las islas verdes”.
-¿Los trenes no forman parte del listado de necesidades indispensables?
“Los trenes de Tenerife y Gran Canaria no son una prioridad, pero tampoco hay que perder una oportunidad, teniendo en cuenta que la Unión Europea va a dar dinero para ese tipo de proyectos, y si no lo pedimos para Canarias esos fondos se irán a otros lugares. Por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad”.
-Pero no parece que exista un cierre de filas en Tenerife a favor de este proyecto…
“Eso es lo sorprendente. Mientras en Gran Canaria hay unanimidad entre partidos políticos, incluido Podemos, la sociedad civil y los ayuntamientos, en Tenerife encontramos lo de siempre: divisiones en el Cabildo, con Podemos en contra y unos alcaldes dicen que sí y otros que no. O sea, lo de siempre, que demuestra que la sociedad tinerfeña está desvertebrada, y la culpa, insisto, ha sido de los gobernantes que hemos tenido que se han dedicado a agitar la bandera del tinerfeñismo cuando lo que han hecho es hundir la Isla”.
-¿Qué opina del debate abierto sobre la posibilidad de llevar el tranvía hasta Los Rodeos?
“Es un debate político y los argumentos me sorprenden. En ninguna ciudad europea del tamaño de Santa Cruz-La Laguna se entendería que el transporte guiado no llegara a los puertos y aeropuertos. Lo que pasa en Tenerife no pasa en ningún sitio de Europa. Lo que se tiene que hacer no se hace por egos personales, intereses partidistas y localismos inexplicables”.
-¿Cómo está evolucionando el empleo en el sector de la construcción en plena pandemia y con todos los indicadores económicos en negativo?
“Hay 52.000 empleados que trabajan de forma directa en Canarias. Desde que acabó el confinamiento, empezamos a crear empleo y no solo lo hemos mantenido sino que hemos generado más puestos de trabajo. El sector está fuerte, las empresas están con ganas para afrontar lo que viene. En Canarias el mayor crecimiento económico y desarrollo social ha venido de la mano del binomio turismo-construcción. Por eso, ahora que falla el turismo toca apoyarse en la construcción. En este momento, no hay otra locomotora en las Islas con la capacidad de arrastre de este sector. El turismo ha caído y nosotros estamos en pie, pero la burocracia nos está matando”.
-Pero habrá empresas de la construcción que también estarán con el agua al cuello…
“Si el sector tiene ahora una actividad importante es gracias al afán de los empresarios para salir adelante. Cuando la construcción pide ayudas no está demandando subvenciones, pide agilización de la Administración Pública para que los trámites de licencias sean más rápidos. No queremos subvenciones, sino trabajo para generar actividad económica y empleo. Si la Administración nos permite trabajar con normalidad, duplicaríamos o triplicaríamos el empleo en Canarias”.
-¿A qué llama normalidad?
“A que la Administración funcione con agilidad y que los trámites administrativos no sean un impedimento. Que ayude y no entorpezca la actividad privada”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas