La renuncia del socialista tinerfeño Pedro Ramos a su cargo como senador autonómico ha dado pie, inesperadamente, a una lucha interna en el PSOE de Canarias para decidir sobre quién relevará al lagunero en la Cámara Alta, sin que a estas alturas, cuando solo faltan cinco días para el Pleno del Parlamento donde se votará la designación, esté confirmado quién será el finalmente propuesto.
Incluso, la cita de la Ejecutiva regional del PSOE donde se elegirá al futuro senador autonómico canario tendrá lugar (salvo inesperado giro en los acontecimientos) el próximo lunes, justo en la víspera de dicho Pleno.
A priori, como adelantó DIARIO DE AVISOS, el candidato a suceder a Pedro Ramos era otro socialista lagunero, el hoy concejal de Urbanismo en la Ciudad de Los Adelantados Santiago Pérez. Lo apoya sin fisuras el PSOE de Tenerife y cuenta con gran experiencia, a tal punto que ya fue senador.
Pero una facción del PSOE canario ha promovido en las últimas semanas la alternativa de Blas Acosta, aún presidente del Cabido de Fuerteventura. Dados sus problemas con la Justicia (Acosta está acusado por presunta administración desleal e insolvencia punible y la Fiscalía le pide una pena de cuatro años y tres meses de prisión), en principio no se esperaba que tuviera mucho recorrido esta reedición de lo sucedido con Fernando Clavijo, a quien Coalición Canaria impulsó a la Cámara Alta para que se beneficiase del aforamiento con vistas al caso Grúas, y que tanto criticó el PSOE.
Es más, la situación procesal de Acosta es incluso más grave a la de Clavijo, dado que, mientras este solo estaba investigado durante la instrucción, el majorero está formalmente acusado en un proceso donde se celebrará un juicio.
Además, el código ético del PSOE no deja lugar a dudas: “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo”. Este trámite, la apertura del juicio oral, es inminente.
Pero, a diferencia de lo sucedido hace dos años con el entonces alcalde de Arrecife y secretario general de los socialistas en la capital conejera, José Montelongo, esta vez nadie ha pedido a Blas Acosta que abandone la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura (donde, de cualquier modo, su futuro se ha puesto cuesta arriba al quedarse en minoría) y la Secretaría insular del PSOE majorero.
Ello ha permitido que la posibilidad de que Acosta se afore como senador haya ganado apoyos notables, como por ejemplo el de la secretaria insular de Lanzarote, Loli Corujo, o su igual entre los socialistas herreños, Alpidio Armas.
Con el respaldo de tres de las organizaciones insulares, la clave parece estar en lo que suceda con Gran Canaria. No son pocos los que señalan a su secretario insular, Sebastián Franquis, como uno de los que apostaron por la opción de Acosta para el Senado, pero el hecho de que el líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, mantenga una posición frontal de rechazo a tal posibilidad deja en una situación comprometida a quienes desde su propia isla, Gran Canaria, y en La Palma pudieran barajar aupar a Acosta al Senado. Falta conocer el criterio de Ferraz ante un episodio que podría tener una grave repercusión nacional.
Para Torres no hay dudas de que Santiago Pérez es la mejor opción por varias causas: no tiene problemas judiciales en curso y su designación evitará reavivar el malestar del PSOE tinerfeño por su discreta representación en el Gobierno regional, pese a ser la Isla que más votos aporta al proyecto. Su rol como posible contrapeso político a Clavijo en el Senado también se valora, y mucho.
Le piden cuatro años y tres meses de cárcel por el llamado caso Gesturpa
La Fiscalía ya ha solicitado una condena de cuatro años y tres meses de prisión para el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), dentro del conocido como caso Gesturpa.
En concreto, el Ministerio Fiscal acusa a Acosta de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único. En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.
Por el contrario, Santiago Pérez no tiene problema alguno con la Justicia a día de hoy, dado que ni siquiera está investigado, no digamos ya acusado, como sí se encuentra Blas Acosta.
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