“Aunque nos quieren echar a todos los del edificio, mi caso es peor porque tengo trabajo y, al ganar unos 900 euros al mes, pues dicen que no somos una familia vulnerable y no entramos en la prórroga de tres meses de la moratoria de desahucios. Imagínese, 900 euros con cuatro hijos menores a mi cargo… Vale, si no trabajo no me echan aún, pero entonces ellos no comen, claro”. Quien así habla es Elena, una tinerfeña que, a sus 32 años de edad, sirve como mascarón de proa del drama que viven 17 familias alojadas en el número 42 de la Subida a El Tablero, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. El desahucio de su familia ya tuvo fecha el pasado febrero, pero se aplazó durante un mes, le dijeron. Desde entonces, vive sin saber cuándo le comunicarán la fecha en que tendrá que buscar otro techo para sus cuatro hijos: un varón de 15 años y tres niñas, dos de 13 y la pequeña, de siete.
Como la de Elena, otras 16 familias del mismo edificio reciben el gratuito acoso de personas que, sin identificarse, tocan en su puerta cada dos días para recordarles lo inminente de su lanzamiento, promovido por un fondo buitre: Coral Homes. “Nos hemos quejado en el banco, pero no nos hacen ni caso”.
Lucha constante
Elena, nacida en Candelaria, no es de esas personas que se rinden fácilmente, aunque la vida se lo ha puesto muy complicado. “Soy víctima de la violencia de género, y hemos llegado a dormir mes y medio en el pabellón de Candelaria, mientras entrenaban los equipos de lucha canaria”, recuerda esta tinerfeña que no duda en reconocer que “entramos en esta vivienda porque no teníamos otra solución. ¡Estábamos en la calle, y el piso estaba vacío, sin puertas, muebles ni enchufes! Pero poco a poco y gracias a los contratos que consigo [generalmente, en supermercados] me financié los cuartos de los niños y la cocina. Ahora tenemos un hogar digno, y quiero pagar un alquiler, pero con mi sueldo, sin estar fija, ¿dónde lo voy a conseguir?”, se lamenta esta madre coraje, conocida ahora por su activismo contra los desahucios.
“Si no fuera por la Plataforma 29-E, mis hijos estarían desde hace tiempo en la Casa Cuna, afirma, por mucho que su lucha le ha supuesto un nuevo castigo, fruto de la insolidaridad. “A uno de mis hijos hemos tenido que cambiarle de colegio porque lo acosaban y le echaban en cara que su madre era una okupa”, denuncia la mujer.
Tanta adversidad no ha impedido que siga participando en protestas como la concentración del pasado jueves frente al Instituto Canario de la Vivienda en Santa Cruz de Tenerife.
¿Soluciones? “En el banco me ofrecieron 1.500 euros si me iba, pero ya me dirá a dónde voy con eso y mi contrato de trabajo que finaliza el próximo octubre. Con ese dinero pago todo, absolutamente todo lo que gastamos los cinco que somos en casa”, relata Elena. “En el Instituto Canario de Igualdad me dijeron, sencillamente, que mi caso no tenía solución, y al menos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se interesaron por mi caso en la reunión que tuvimos ayer [el pasado viernes para el lector]”.
“Lo peor es que, a esas edades, los chicos ya entienden las cosas, y todo es más complicado porque sufren. Veremos qué pasa con nosotros, pero nos quieren echar a todos”, concluye.
