El Servicio de Sanidad Municipal del Ayuntamiento de La Laguna, a instancias del Área de Bienestar Social, ha efectuado una inspección del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) Las Raíces de esta localidad y ha emitido un informe en el que plantea “preocupantes cuestiones” sobre las condiciones higiénicas y sanitarias, el cumplimiento de la normativa COVID-19 y la gestión de la alimentación en estas instalaciones, dependientes del Estado. El Área ha remitido hoy toda esta información a la Delegación del Gobierno en las Islas y a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias en sendos oficios, en los que solicita que se apliquen “las medidas necesarias para salvaguardar las buenas condiciones de las personas alojadas en estos espacios”.
El concejal de Bienestar Social de La Laguna, Rubens Ascanio, explica que esta inspección se ha requerido para analizar, con todo el rigor técnico, “las condiciones de atención que están recibiendo las personas usuarias”, y contrastar la “preocupación vecinal y social sobre la gestión de los dos macrocampamentos de personas migrantes existentes en nuestro municipio”.
La inspección tuvo lugar el pasado 24 de marzo y, en el consiguiente informe, además de una descripción pormenorizada de todas las instalaciones, recursos, aforos y servicios, se señalan carencias en las infraestructuras (superficies pavimentadas, electricidad, capacidad 2 para generar suficiente agua caliente o aislamiento y acondicionamiento de las carpas), deficiencias en el cumplimiento de la normativa en relación con el cáterin o que las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación de la COVID-19 no son las óptimas.
Ascanio señala que “estamos viendo que el modelo de macrocentros genera más problemas que beneficios, que no es la fórmula más adecuada para dar la atención requerida a estas personas, que acaban de llegar a la Isla y que necesitan fórmulas de integración y caminos seguros para poder recuperar su vida lo antes posible”.
Además, recuerda que, “desde el Ayuntamiento, conscientes de las competencias que tenemos en la materia y que son bastante limitadas, hemos puesto en marcha esta y otras actuaciones para reclamar a las autoridades competentes que establezcan las medidas oportunas”.
En este sentido, el informe “señala cuestiones bastante preocupantes y, como Ayuntamiento, hemos decidido dar traslado de esta situación tanto a la Delegación del Gobierno, como a Salud Pública y solicitar las medidas y actuaciones necesarias para corregir estas circunstancias, ya que se puede entender que existe un riesgo para la salud y que las condiciones de las personas que están residiendo en ese espacio no son las adecuadas”, manifiesta el concejal.
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