El colectivo Salvar La Tejita ha escrito una carta al ministro de Política Territorial, Miguel Iceta, a cuenta del anunciado traspaso de competencias de Costas del Estado al Gobierno de Canarias, en la que le solicitan, como responsable de las negociaciones, que paralice el traspaso de competencias. “Que la administración autonómica canaria tenga total control para definir los usos del litoral, la planificación y autorización de proyectos como playas artificiales o puertos, sin ninguna instancia superior que supervise su viabilidad o impacto Ambiental (como sucedía ahora con Costas Madrid), pondrá en peligro el objeto elemental recogido en la Ley de Costas, la protección del litoral”, por lo que “solicitamos al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta I Llorens, a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, y a su homóloga en la Dirección General de Costas, Ana María Oñoro, la paralización de las negociaciones de traspaso de competencias en los términos en los que venían desarrollándose. En cualquier caso, exigiremos que quede absolutamente blindada la protección del litoral, estableciendo los mecanismos necesarios con para intervenir y garantizar una supervisión ambiental rigurosa de ámbito suprautonómico”.
Recuerda Salvar La Tejita que “hasta ahora, hemos sido testigos de una absoluta desidia y dejación de funciones por parte del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife ante las innumerables infracciones e ilegalidades denunciadas en estos últimos 4 años de lucha contra el hotel de La Tejita. Los únicos mecanismos ante los cuales hemos podido conseguir algún tipo de reacción han sido ante la Dirección General de Costas de Madrid o través de los tribunales. Esta última vía, de enorme lentitud, es poco eficaz para resolver aquellas infracciones que podrían resultar en daños irreversibles para la costa.
Ante este nivel de incompetencia típico (permisos “verbales”, nunca hay ningún responsable disponible, las administraciones públicas actúan sin los permisos necesarios, etc.) al que por desgracia estamos acostumbrados en estas islas, nos planteamos la siguiente cuestión ¿Si la administración autonómica no puede (o no quiere) resolver los asuntos dentro de sus competencias actuales, cómo se puede esperar que actúe correctamente o eficientemente con más competencias? La salvaguarda de la costa para uso y disfrute público, incluido el de generaciones futuras, no puede estar sujeto a los intereses particulares de un partido político. No sabemos a cambio de qué el gobierno central ha decidido ceder las competencias de Costas a Canarias, pero un traspaso de competencias Estado-Comunidad Autónoma como este no sucede en todas las legislaturas.
