El portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, ha denunciado que el 40% de las personas que trabajan para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo hacen a través de empresas privadas.
Ramón Trujillo ha afirmado que la privatización progresiva del Ayuntamiento “ha supuesto peores derechos laborales para el empleo generado con dinero público y la omisión generalizada de las exigencias para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público”.
El portavoz señaló que se ha generado “un sistema en el que la contratación de personal, sin criterios clientelares, depende de la buena voluntad de los políticos de turno y las empresas adjudicatarias”.
Según Trujillo, “no hay mecanismos que eviten la efectividad de las presiones para enchufar personas afines, lo que se ha documentado, por ejemplo, con las grabaciones policiales en el caso de Fernando Clavijo, cuando fue alcalde de La Laguna”.
Añadió, además, que en 2021 el Ayuntamiento cuenta con 1.152 trabajadores a quienes paga nóminas directamente por tratarse de funcionariado y personal laboral. Asimismo, al menos otras 970 personas trabajan para el Ayuntamiento a través de empresas adjudicatarias de servicios y 324 lo hacen en Titsa para el municipio.
“En suma, tenemos 1.476 personas que cobran directamente un sueldo público por su trabajo para el Ayuntamiento (60,3%) y 970 (39,6%) que lo hacen a través de empresas adjudicatarias de servicios. En total son 2.446 puestos de trabajo”, agregó.
Para Unidas Podemos, “estos datos reflejan un proceso de privatización progresiva de la Administración pública local que conlleva, por una parte, un despilfarro en la gestión a causa de los gastos en beneficio industrial, IGIC, labores de control no cuantificadas y mayor incidencia de la corrupción y, por otra parte, peor situación laboral y mayor desigualdad en las condiciones de acceso al empleo financiado con recursos públicos”.
Asimismo, consideran que se genera “un efecto de degradación democrática cuando las grandes empresas, que aspiran a las adjudicaciones públicas, influyen sobre las empresas de comunicación con el objetivo de, por una parte, favorecer a los partidos políticos partidarios de estas privatizaciones y, por otra, para silenciar y perjudicar a las formaciones políticas opuestas a tales privatizaciones”.
En suma, afirma Trujillo, “estamos ante la aplicación del manual de mal gobierno de Coalición Canaria: se encarecen los servicios privatizándolos, se debilitan los derechos laborales, se abren potenciales espacios a la creación de redes clientelares y se pervierte el proceso democrático con la apropiación del espacio de información pública, por parte de empresas de comunicación que favorecen a los partidos políticos que impulsan negocios particulares a costa del interés público”.
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