Hasta 48 informes de vulnerabilidad social están elaborando los Servicios Sociales de Santa Cruz para entregar al juzgado e intentar frenar otros tantos desahucios. Estos informes permiten aplazar los lanzamientos que ya están fijados por el juzgado atendiendo a las indicaciones del Gobierno central que ha paralizado los desahucios, al menos hasta agosto. Así lo informó ayer la concejala de Acción Social de Santa Cruz, Rosario González, durante el Pleno en el que se abordó la necesidad de incrementar el personal que tramita estos documentos dada la urgencia que las personas que los necesitan presentan. Una de las familias, la de Elena y sus cuatro hijos, expuso ante el Pleno la angustia que ella, pero también otras 16 familias que ocupan un edificio en El Tablero, están viviendo por la orden de desahucio que todos han recibido por parte del fondo buitre dueño del inmueble.
“Mamá, baja la tele”, contaba Elena que le dicen sus hijos cuando tocan a la puerta de forma insistente para que se vayan. Los niños creen que si no hacen ruido, los del banco se irán. Elena relató ayer al Pleno la angustiosa situación que vive a diario ella y sus cuatro hijos de 15 (gemelos), 13 y 7 años. “Entramos en esa casa por necesidad. Tengo trabajo y gano 900 euros, pero con eso, o doy de comer a mis hijos, o pago un alquiler”, contaba a un Pleno que sintió la angustia de esta madre durante el debate de la moción presentada por PSOE, UP y Cs. Advirtió que si la echan, acabará ocupando otra vivienda porque “mis hijos no van a dormir en la calle, ni pasar hambre”.
La edil de Acción Social explicó que entre los 48 informes que se están elaborando, están algunos de las familias de El Tablero. González hizo un llamamiento para que las personas que se puedan ver afectadas por estos procedimientos acudan cuánto antes a los servicios sociales. “Muchas veces cuando recurren a nosotros no tenemos tiempo material de hacer los informes o de buscar soluciones alternativas”. La concejala ejemplificó este desconocimiento con un caso ocurrido esta misma semana. “El martes por la mañana nos vino un señor con una orden de lanzamiento que se ejecutaba a la una de la tarde. No pudimos hacer nada para paralizarlo. No se quedó en la calle porque le dimos una alternativa habitacional”, detalló.
La edil responsable de los Servicios Sociales, en el caso de las familias de El Tablero, apuntó que “muchas no habían contactado con nosotros, de algunas ni siquiera tenemos ficha social”. González también quiso desterrar el miedo de muchas de ellas de que los servicios sociales les retiran la custodia de sus hijos si no tienen trabajo o viven de ocupas. “Tienen que entender que nuestra prioridad es el bienestar de los menores, y desterrar esa falsa creencia que se ha instaurado”. Laconcejal apuntó también que desde el Ayuntamiento capitalino se han gestionado 540 ayudas de alquiler desde enero, lo que ha supuesto 763.000 euros. La moción, en la que se pedía incrementar los trabajadores que tramitan los informes de vulnerabilidad social y priorizar su elaboración, fue aprobada por unanimidad.
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