sociedad

Margarita Ramos: “Lidero un grupo de investigación con una importante transferencia de resultados para la sociedad”

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, desde 2019 dirige el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, de la Universidad de La Laguna.
Margarita Ramos Quintana. / DA

Por Dolores Hernández Díaz, periodista
www.canariascienciasyletras.com

-El archipiélago canario se ha convertido en el puente intercontinental migratorio, entre África y Europa. Las políticas de control de fronteras y extranjería, llevadas a cabo en la Unión Europa, parecen haber fracasado. Como jurista, ¿cuál considera que es el estado actual de la cuestión?

“La Unión Europea (UE) encontrar el modo de articular una política migratoria coherente y eficaz para sus propias necesidades estructurales. No se está desplegando una acción diplomática efectiva con países terceros emisores de flujos migratorios hacia Europa ni creando canales o corredores de procesos migratorios ordenados y regularizados. Las migraciones laborales con destino a Europa deberían situarse en el centro de la política exterior de la UE, utilizando todos los mecanismos de las relaciones diplomáticas (suscribiendo acuerdos y convenios internacionales) para crear un gran proyecto migratorio orientado al inmediato futuro. Ese proyecto debería proyectarse igualmente hacia un umbral temporal a largo plazo, como puede ser 2050, momento en que el envejecimiento de la población europea habrá alcanzado unos niveles de tal magnitud que ahora mismo están siendo considerados como uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentará Europa llegado ese momento. Debería actuarse con la suficiente antelación para evitar lo peor. Toda la política europea está centrada en los controles en frontera, con medidas de rechazo y devoluciones. El mayor gasto se destina a efectuar controles de entrada. Una ocasión perdida para reorientar los potenciales beneficios económicos y sociales de las migraciones laborales. En las fronteras se libra la batalla del control y el rechazo como se puede, con las medidas escasas y descoordinadas de que se dispone. Mientras tanto, los demás Estados no afectados y la propia UE como ente supranacional no muestran la debida solidaridad y corresponsabilidad que jurídica, política y moralmente les corresponde”.

-El ámbito de las relaciones colectivas de trabajo constituye otra de sus líneas de investigación. Los estudios se centran en la conflictividad laboral, la negociación colectiva de condiciones de trabajo, la solución pacífica de conflictos laborales y el ejercicio del derecho de huelga. ¿Cómo ha sido la evolución de las normas laborales en España?

“El Derecho del Trabajo español se resiste con todas sus fuerzas a efectuar cambios en materia de conflictividad laboral, por cuanto es una de las cuestiones más difíciles de abordar para su eficaz y más adecuada gobernanza. Las normas que regulan el ejercicio del derecho de huelga (un derecho fundamental de las personas trabajadoras, según establece la Constitución española) datan del año 1977, lo cual es sintomático de la dificultad que existe para intervenir en esta materia y que ha impedido hasta el día de hoy que España haya logrado aprobar una ley orgánica de huelga. Los avances más sobresalientes, estimulados desde finales del siglo XX, se sitúan en la configuración de sistemas de solución pacífica de la conflictividad laboral, promoviendo mecanismos como la conciliación y la mediación entre las partes o el arbitraje laboral. Esta opción cuenta con un aval favorable a nivel internacional y en la propia UE. En España disponemos de un sistema público de resolución extrajudicial de conflictos colectivos laborales a nivel estatal y por comunidades autónomas. Canarias también participa de esta opción pacífica de composición de conflictos colectivos y la organiza por medio del Tribunal Laboral Canario (órgano adscrito a la Dirección General de Trabajo). La consecuencia más visible de ese proceso es, sin duda, que ha logrado producir con el paso del tiempo una especie de efecto anestesiador del ejercicio de la huelga”.

-El ámbito del trabajo y de la Seguridad Social, el contrato de trabajo, la extinción del contrato (despidos), la conciliación de la vida laboral y familiar o el tiempo de trabajo”, son otros asuntos tratados en sus investigaciones ¿Cómo evalúa la exconsejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias (2011-2013), la política pública de empleo desarrollada por los diferentes Gobiernos de España y autonómicos?

“En el momento actual, en el que asistimos a los efectos devastadores de la COVID-19 sobre la economía y el empleo, entiendo que se debe hacer una valoración muy positiva de la diferente respuesta que se ha dado a esta crisis frente a la anterior de 2008. Si a partir de 2008 y hasta 2015 la respuesta a la crisis económica y social que dejó tras de sí la inicial crisis financiera estuvo basada en políticas neoliberales de austeridad, en esta ocasión ha sido afrontada con políticas de intervención pública (en una especie de regreso a los postulados económicos keynesianos). El apoyo a la economía y el sostenimiento del empleo con políticas públicas, inyectando fondos públicos y, sobre todo, erigiendo al sistema de la Seguridad Social en el principal amortiguador de los efectos de la falta de empleo y trabajo ha sido, a mi modo de ver, la opción más acertada. Salvar el empleo mediante la figura de los ERTE y apoyar a las empresas con exenciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, con moratorias y aplazamientos de pagos, así como otro tipo de ayudas, ha sido la válvula de escape que ha impedido el total derrumbe de la economía y la propagación de un desempleo masivo. En Canarias, sin estos sistemas de ayudas, la quiebra del sistema económico y el deterioro social se habrían convertido en gravísimos problemas muy difícil de manejar. El gran reto que tenemos por delante en estos momentos es saber hacer uso de los Fondos de Recuperación. El acierto en la ampliación y diversificación del modelo productivo atacando los efectos perversos del cambio climático y promoviendo la transición ecológica, así como la creación de empleo digno y bien retribuido para hombres y mujeres, sin discriminación alguna, constituye todo un desafío para la actual política pública, a nivel autonómico, estatal y europeo. Esos 750 mil millones de euros pueden significar una real y verdadera esperanza de recuperación de una vida de bienestar para la ciudadanía europea, en particular, para la generación de los y las jóvenes”.

-España es uno de los países de la UE más afectados por la recesión económica de 2020, con un enorme impacto socioeconómico (PIB, Paro y Deuda Pública). Como especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ¿considera que la cobertura provisional de jubilaciones y pensiones, que cubre la Seguridad Social, en nuestro país está garantizada?

“Los sistemas de Seguridad Social, sin duda, deben tratar de asegurar en todo momento su viabilidad protectora y sostenibilidad financiera. Cuando se produce una fuerte presión sobre los recursos económicos del sistema (períodos de crisis con fuerte demanda de prestaciones y pensiones) es preciso adoptar medidas extraordinarias, incluidas aquellas que supongan transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. La estabilidad del sistema y su funcionamiento en términos de racionalidad y redistribución se hacen más necesarios, si cabe, en los momentos de depresión económica y de aumento de las demandas sociales. La Seguridad Social es uno de los instrumentos con mayor capacidad de estabilización social en los períodos críticos económicamente hablando. En esta crisis la Seguridad Social ha mostrado su mejor rostro, no solamente sosteniendo el empleo afectado por los ERTE con prestaciones (lo que fomenta la demanda y el consumo), sino conteniendo el gasto de las empresas ante la adversidad de las circunstancias. La Seguridad Social ha conservado y desplegado su función constitucional de atender los estados de necesidad de la ciudadanía (art. 41 CE) y más aún, en medio de la pandemia, creando una nueva pensión no contributiva como es el ingreso mínimo vital. Sin un sistema de protección social robusto como el que tenemos, las consecuencias sociales de esta crisis habrían sido indescriptibles, inimaginables”.

Lea la entrevista completa en: https://canariascienciasyletras.com/margarita-i-ramos-quintana-catedraticaa-del-derechoo-del-trabajo-y-la-seguridad-social/

TE RECOMENDAMOS