Aproximadamente medio centenar de familias residentes en el complejo Green Park en Golf del Sur, familias trabajadoras que llevan muchos años en San Miguel de Abona, están sufriendo coacciones y amenazas para que abandonen sus apartamentos alquilados.
Según relatan y prueban con documentos, estas familias entraron a vivir en los apartamentos del Green Park con contratos de alquiler supuestamente legales, y después de mucho tiempo pagando en efectivo a razón de 550 euros mensuales, se han encontrando con que una empresa los está demandando para que se marchen, a algunos por la vía judicial correspondiente con fecha de lanzamiento, pero a otros a las bravas, rompiendo puertas con la familia dentro, cambiando cerraduras, y sacando a las familias y sus pertenencias a la fuerza, sufriendo también cortes de luz intencionados como medida de presión.
Los afectados no han querido dar publicidad a sus nombres ante el miedo a las represalias, dada la violencia que según ellos están ejerciendo los propios vigilantes de la urbanización que son de empresa con el mismo administrador que adquirió los derechos del complejo Green Park del hijo -ya fallecido- del promotor de estos apartamentos que comenzaron siendo turísticos en 1986 y pasaron a residenciales a partir de 2008, habiendo unos cuantos propietarios, aunque la mayoría son inquilinos, a quienes quieren echar para cobrar los dos millones de euros que supuestamente ha puesto el fondo buitre para adquirir esos apartamentos.
Las personas afectadas son la mayoría trabajadores de toda la vida en el sector turístico ahora en paro o con ventas mínimas, que se muestran muy preocupados y no encuentran solución, ni disponen de rentas para hacer frente a un alquiler en otro lugar. Y lo peor es que no tienen pruebas de sus pagos, porque el dinero no aparece en las cuentas bancarias de la teórica empresa a la que le pagaban el alquiler, Gae Comunidades Sur S.L., al hacerlo siempre en efectivo, señala Carlos uno de los que lleva menos tiempo en el complejo, apenas seis meses.
Dada la gravedad del asunto, distintas plataformas antidesahucios se han puesto en contacto con la Concejalía de Asuntos Sociales de San Miguel de Abona y se espera la mediación para tratar de buscar una pronta solución.
