El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lamentó ayer el fallo del Tribunal Supremo que rechazó ayer autorizar el toque de queda que el Ejecutivo regional quería implantar en Tenerife, avalando así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en cuyo auto fechado el pasado día 14 no vio proporcional la restricción de la libertad de circulación en la situación descrita por el Ejecutivo regional.
Evidentemente contrariado, Torres, opinó en los pasillos del Parlamento de Canarias que “es un varapalo, sí, pero no solo al Gobierno, sino a la sociedad canaria, que clama por tener medidas como el toque de queda”, y lamentó en declaraciones a DIARIO DE AVISOS no tener esta opción “al menos en los municipios que están mal, como hemos planteado”, ya que es un arma potente para luchar contra los contagios.
Por otro lado, ante el argumento del Supremo que exigía una mayor justificación para acreditar las circunstancias que motivaban esta petición, lamentó que no consideraran “suficiente evidencia los cientos de positivos de cada día en Canarias, donde hemos pasado en algún día de mil, o tener las UCI en Tenerife con una ocupación del 20%”.
El Tribunal Supremo rechazó ayer autorizar el toque de queda que el Gobierno de Canarias quería implantar en Tenerife, avalando así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en cuyo auto fechado el pasado día 14 no vio proporcional la restricción de la libertad de circulación en la situación descrita por el Ejecutivo regional.
El alto tribunal desestima el recurso interpuesto al considerar que el TSJC decidió “de forma razonada” que carecía de justificación. Recordó que en una sentencia ya avaló el confinamiento de un municipio de Jaén, pero destaca que en ese caso la tasa de incidencia era más de 10 veces superior. En su opinión, el toque de queda es una restricción que “exige una mayor justificación sobre que las medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública”.
Coincide con el TSJC en la “poca claridad” del planteamiento que pedía autorizar un toque de queda para toda la Isla de Tenerife pese a que las cifras aportadas de los diferentes municipios no eran homogéneas y que subsidiariamente se aplicara en los municipios con una tasa superior a 100 casos. También rechazó que exista contradicción con los pronunciamientos de los tribunales superiores de Justicia de otras comunidades que sí han autorizado toques de queda, ya que, advierte, el Ejecutivo canario no acreditó que las circunstancias de Tenerife sean las mismas que esos territorios.
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