Hace tiempo que el Gobierno de Canarias comprendió, ante los nuevos escenarios generados por la pandemia actual, la importancia de actualizar sus medidas para prevenir los contagios. La renovación ya era necesaria, pero se convirtió además en urgente el pasado julio con los rechazos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a propuestas gubernamentales relacionadas con los toques de queda o el certificado COVID. Superado agosto, con la llegada de septiembre ayer se produjo esa puesta al día mediante la expeditiva vía del decreto ley, aunque la mayoría parlamentaria del actual pacto de progreso garantiza a priori que será refrendado cuando llegue al Parlamento regional. Como quiera que el decreto ley aprobado ayer en el Consejo de Gobierno entrará en vigor el próximo lunes, a partir de esa fecha comienza el plazo de un mes para que pase por el control legislativo de la Cámara.
Fuentes del Ejecutivo regional resaltaban anoche a DIARIO DE AVISOS que este decreto no solo renueva las medidas contra la pandemia, sino que también será muy útil para unificar en un texto legal todas las normas relacionadas con la pandemia que le competen o, al menos, buena parte de ella. Sobre su elaboración, aclaran las fuentes aludidas a que el Ministerio de Sanidad ha sido informado de su contenido sin poner objeciones, además de que se han tenido en cuenta las distintas decisiones judiciales dictadas en otras autonomías, especialmente las que sí dieron el OK a sus respectivos gobiernos regionales. Otro dato nada baladí, como bien destacó ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, es que se flexibilizan las restricciones hasta ahora existentes, algo que habría sido imposible sin el rotundo éxito de la campaña de vacunación en las Islas, que ha llegado a casi el 80% de la población diana o, lo que es lo mismo, a los canarios a partir de los 12 años de edad.
Pero si alguien puede estar de enhorabuena con este decreto son los sufridos empresarios y trabajadores del ocio nocturno, uno de los más castigados por las medidas antiCOVID y que al fin se ve liberado de las obligaciones de cierre, suprimidas para todos los sectores y que, mientras no tenga lugar otro repunte como el de la quinta ola, podrían haber pasado a la historia.
Respecto a la otra gran novedad, como es el control de trabajadores para saber si están o no vacunados, o cuanto menos si están contagiados o no, ha llamado la atención que lo dispuesto no solo afecta al sector público, sino también al privado. Es necesario aclarar que ello no implica que cualquier empresa esté ahora habilitada para pedir el certificado de vacunación o una prueba de COVID (sea PCR, antígenos, etc) a sus empleados, sino que en breve el Gobierno dará una lista restringida de las autorizadas para ello. Para hacerse una idea, a buen seguro que en dicha relación estarán, por ejemplo, las residencias de ancianos.
Que el TSJC validase el mismo día la prórroga de los límites de asistencia a las reuniones termina por conformar una jornada relevante para la crónica de la pandemia en las Islas.
