El ingeniero industrial y licenciado en Física, Alejandro González Calvo, que abrió el ciclo Movilidad, Transporte y Descarbonización, que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en colaboración con la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Betancourt y Molina, advirtió que “Canarias es una de las pocas regiones europeas, por no decir la única, que sigue quemando fuel para producir energía” y expresó su preocupación ante las dificultades que arrastran las Islas para cumplir con el pacto verde internacional para la descarbonización que establece el Acuerdo de París.
González Calvo analizó el actual modelo energético del Archipiélago y el proceso seguido en las islas desde el año 1986, cuando el Gobierno de Canarias elaboró “el primer documento de planificación energética”, el Plan Energético de Canarias (PECAN) para el periodo 1986-1995. Desde entonces, se han redactado cinco documentos, el último, elaborado en 2015 con el horizonte en 2025, se denomina Estrategia Energética de Canarias. “Todos ellos han tenido más carácter informativo que ejecutivo, un bajo grado de cumplimiento y una dotación económica escasa”, señaló.
En su análisis también destacó que la creciente regulación, tanto estatal como europea, ha ralentizado la creación de infraestructuras, especialmente en el sector energético, y que, además, “las administraciones públicas adolecen del suficiente personal técnico y jurídico necesario para tramitar esa planificación y seguir con los proyectos necesarios”.
En el caso concreto de Tenerife, una isla que ha sufrido cinco ceros energéticos, hay que sumar a estas carencias los movimientos de oposición ciudadana a las nuevas infraestructuras, que se iniciaron con la paralización del tendido de Alta Tensión en Vilaflor. En su opinión, el proyecto de Endesa, que contemplaba medidas medioambientales e incluso compensaciones, fue sustituido por el tendido paralelo a la autopista, “un verdadero monumento a la Alta Tensión”.
El gas natural
Durante su intervención, recordó que el pleno del Parlamento de Canarias apostó por gas natural ya en 1988 y Canarias solicitó entonces recursos al Estado para crear infraestructuras gasistas que nunca se ejecutaron. “Lo que, en su opinión, ha supuesto una pérdida de credibilidad para el Gobierno de Canarias”.
A día de hoy, los ciclos combinados instalados en el Archipiélago “queman gasoil con bajo contenido en azufre, que es transportado a diario por algo más de cien cisternas, siguiendo en trayecto Santa Cruz- Granadilla, puesto que no existe una boya para ese transporte marítimo”, explicó.
En este punto, recordó que las regasificadoras, que también tenían a la opinión pública en contra, se desestimaron después de que en 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia (CNMC) dictaminara que no eran viable económicamente, puesto que Endesa, como gran consumidor, no se comprometía a consumir a medio o largo plazo el gas. Sin embargo, González Calvo aclaró que existen alternativas para introducir este combustible como barcos metaneros de almacenamiento o unidades de regasificación en las centrales.
Según sus cálculos, la introducción del gas natural ahora mismo en el sistema energético supondría un ahorro de 90 millones de euros anuales y, además, “sin el gas natural con las directivas europeas actuales, gran parte del parque de generación de energía eléctrica va a tener que ser desconectado, porque se sigue quemando fuel u otros combustibles que emiten más contaminación que el gas”.
González Calvo reiteró que “el gas natural es un combustible necesario para la transición hacia el hidrógeno. Si queremos descarbonizar la economía, es fundamental el gas natural, aunque parezca una contradicción”.
Renovables
Sobre las energías renovables, hizo hincapié en el caso de la eólica y aclaró que, después de dos concursos públicos anulados por los tribunales, se produce un impulso en 2018, “que ha puesto en marcha más de 300 megavatios”. “Sin embargo, desde 2020 se están produciendo vertidos. Es decir, no se está pudiendo aprovechar, en parte por requerimientos del operador del sistema, Red Eléctrica, que solo permite que el 49% de la energía tenga origen renovable”, por lo que aseguró que, ante la previsión de que se instale más potencia eólica, “hay que apostar por el almacenamiento energético a gran escala para integrarla en el sistema”.
Respecto a la generación tradicional, recordó que continúa sin competencia, pese a que hay interés de otras empresas generadoras por instalarse en las Islas desde 2015, cuando se aprobó el real decreto que establece las condiciones de producción.
Según el también gerente del Colegio de Ingenieros, todo esto ha tenido como consecuencia un sobrecoste del sistema canario de un 153% respecto a lo que cuesta generar energía en la Península. Esto supone unos 800 millones de euros anuales, de los que el 50% van con cargo al sistema eléctrico y el 50% con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. González Calvo advirtió que la aportación estatal a este sobrecoste puede estar en peligro en el futuro, porque “nosotros no hemos hecho la tarea”.