Justicia y tribunales

Investigan a una alta funcionaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por presuntos contratos irregulares

Pilar Rodríguez Machín, esposa del diputado de CC José Alberto Díaz Estébanez, compareció ante la jueza María de los Ángeles Zabala el pasado 18 de agosto, pero se acogió a su derecho a no declarar

Pilar Rodríguez Machín, junto a su marido y diputado por Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estébanez DA

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife se encuentra investigando desde el pasado agosto a una alta funcionaria del Ayuntamiento de esa ciudad, actualmente cargo de confianza de Coalición Canaria, por un contrato presuntamente irregular celebrado con un proveedor de equipamiento de la Casa de la Juventud inaugurada en 2018 en el edificio conocido como Casa Siliuto.

Según adelanta en exclusiva Canarias Ahora, la investigada es Pilar Rodríguez Machín, esposa del diputado coalicionero José Alberto Díaz Estébanez, que compareció ante la jueza María de los Ángeles Zabala el pasado 18 de agosto, pero se acogió a su derecho a no declarar. Este contrato no es el único que está bajo sospecha, pero es de momento el que está siendo investigado a la espera de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife remita al juzgado la documentación reclamada.

La magistrada abrió diligencias recientemente a raíz de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que el pasado marzo resolvió un litigio entre una empresa de comercialización de mobiliario y el Ayuntamiento capitalino por el impago de una factura por importe de más de 9.600 euros. El magistrado, Roi López Encina, apreció la posible comisión de un ilícito penal, por lo que dedujo testimonio a los juzgados de la capital para que se abriera una investigación.

Según esa sentencia, ​​el Consistorio y la empresa celebraron un contrato menor de suministro “sin sujeción a las reglas legalmente establecidas pues se fraccionaron los importes del contrato y acordaron la entrega del mobiliario a cambio de un precio cierto”. El contrato se fraccionó en siete facturas, según reza el escrito, y fue “gestionado” por la concejala de Educación en aquel entonces, Verónica Messeguer, actualmente consejera del Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria y asesora del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.

Pilar Rodríguez Machín, la única persona hasta ahora imputada, es una conocida militante de Coalición Canaria que ha ocupado diversos cargos públicos con esa formación. Ha sido, entre otros cometidos, directora territorial de Cultura y Deportes, ha figurado como candidata en diversas listas electorales, tanto al Congreso de los Diputados como al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; ha actuado como representante de CC ante la Junta Electoral, incluso defendiendo a su partido en un expediente en el que ella aparecía como afectada al haber sido quien organizara un acto electoral en plena campaña de 2019 siendo jefa de servicio de Promoción Económica y Juventud.