Al ERTE específico por la erupción se han acogido 195 empresas, con más de 890 trabajadores

A los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) específicos por la erupción volcánica en La Palma se han acogido 195 empresas con 895 trabajadores, concretó ayer el viceconsejero autonómico Antonio Olivera. Esta cifra supone un aumento de 43 solicitudes y de 137 trabajadores con respecto a los datos que ofreció hace cuatro días la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.

En estas circunstancias, la patronal empresarial CEOE y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han solicitado proteger con la “máxima urgencia” a los autónomos y empresarios de La Palma de modo que se garantice que puedan acceder a las ayudas aprobadas para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Al respecto, alertan de que la actual redacción del real decreto ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo “deja fuera de la prestación a los autónomos y empresarios que tengan a su cargo trabajadores”, puesto que han de darse de baja de autónomo, cesar en la actividad y, por lo tanto, despedir a sus empleados para cobrar esta ayuda extraordinaria, algo de lo que avisaron el 29 de septiembre.

En un comunicado conjunto, exponen que fue necesaria una “corrección similar” en marzo de 2020 tras la publicación del real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, lo cual se subsanó el 8 de abril al permitir a los autónomos y los empresarios acceder a la prestación sin darse de baja en el RETA.

Los más de 5.000 autónomos de La Palma que se están viendo gravemente afectados en sus negocios y explotaciones “no pueden acceder a la prestación, puesto que se les obliga, con esta redacción, a darse de baja en el RETA”, lo que, se quejan, “es imposible para muchos” autónomos y empresarios, porque obliga al previo despido de sus empleados. También implicaría “perder las bonificaciones” de las que se hayan beneficiado antes de la erupción y devolver las ayudas recibidas en la pandemia siempre que estén vinculadas al mantenimiento de la actividad y del empleo”.