El IES San Miguel, en Las Zocas, cuenta con un Aula de Transición a la Vida Adulta, un recurso al que acuden seis alumnos con Necesidades Especiales (NEAE), con una figura de una tutora y una adjunta. A este aula fue trasladada este curso E. S. G., de 13 años, con trastorno del espectro autista (TEA).
Cuando a su madre Desirée se le comunicó que su hija pasaría del Aula Enclave del CEIP a un nuevo entorno, se reunió antes del inicio del curso escolar con personal del IES y les informó de que el cambio de centro y el inicio lectivo coincidía con un cambio de medicación. Por tanto, desde el centro se le instó a pedir un auxiliar educativo, al considerar que con la adjunta y la tutora no bastaría para cubrir esa necesidad, que la ayudara a estabilizarse en las semanas iniciales. La solicitud de la madre fue presentada el pasado 2 de junio a Educación, y a día de hoy no ha recibido respuesta, mientras se desconoce si hubo también una petición formal paralela desde el centro.
Al comenzar el curso, y no contar con el recurso solicitado de un auxiliar de acompañamiento a su nuevo entorno, la menor empezó a tener conductas agresivas y a la semana fue expulsada, según Desirée a causa de “la ansiedad del cambio de entorno y el pequeño espacio que hay en el aula”. Tras una reunión con el director del centro se propone el cambio de todo el grupo a un aula mayor “para que la sensación de agobio de la niña disminuya y le sea más fácil adaptarse, ya que los espacios pequeños la agobian”, pero fue negada debido a que no hay infraestructura ni personal para ese cambio, volviendo a solicitarse un auxiliar.
Al repetirse en otras ocasiones las conductas de E. S. G., el IES aplicó sanciones disciplinarias y abrió un procedimiento de expulsión. Según afirma la madre, en las charlas mantenidas entre la profesora tutora y la familia se plantea que la alumna autista es la que causa todas las situaciones conflictivas en el aula, llegando a argumentar la profesora que la joven ha tenido que dejar de acudir a la clase en tacones “porque si no, no puedo llegar a ella, ni la adjunta tampoco”. Hace hincapié en que podría haber enfrentamientos futuros tanto con los compañeros como con otros padres.
Con posterioridad, Desirée y su pareja acuden a una reunión con Inspección Educativa y se les comunica que no hay constancia de la solicitud de auxiliar presentada en julio, ni hay respuesta por escrito a la segunda solicitud. También se reúnen con la orientadora del IES San Miguel, y una técnico responsable del equipo de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), que les comunican que el informe psicopedagógico previo estaría mal realizado y que E. S. G. debe ir a un Centro de Educación Especial (CEE), dado que “la situación en el aula actualmente es insostenible desde que ha llegado la niña”, a lo que su madre se niega argumentando que “otro cambio agravaría la ansiedad de la niña y, por lo tanto, las conductas que motivaron la expulsión”. Asegura que “se está trabajando en un cambio de medicación para reducir la ansiedad”.
Tras una semana en casa para tratar el ajuste de medicación recomendado, la niña vuelve al centro el pasado 18 de octubre y vuelve a tener una crisis de conducta al entrar en el aula, por lo que su madre acude a recogerla. Una crisis que se resuelve saliendo del aula. Al día siguiente se le comunica telefónicamente a la familia que la niña tiene abierto un expediente de expulsión, por lo que está exenta de acudir al centro hasta que el mismo se resuelva.
La madre cree que con una persona que ayude a regular a su hija, “puede acudir al centro sin problema, ya que en el CEIP estaba en ese mismo tipo de Aula Enclave y, tras un período de adaptación, convivía con sus compañeros de clase sin problema”. Sin embargo, continúa sin respuesta a las solicitudes realizadas. Además, insiste en que “si el informe está mal realizado, tal y como dicen ahora, ¿cómo es posible que lo hayan firmado, y dado su visto bueno, un inspector, el equipo de orientación educativa y psicopedagógico (EOEP), una orientadora y una trabajadora social?”.
La familia insiste en que antes de afrontar un cambio de modalidad de escolarización, del Aula de Transición a la Vida Adulta a un Centro de Educación Especial, “se deben agotar los recursos, que es lo que dice la ley”, y es lo que los responsables no están haciendo al negar la auxiliar de apoyo que hemos solicitado”. “Están incumpliendo su propia legislación y van contra el derecho de la niña”. Además, creen que “otro cambio agravaría la situación de la menor, ya que necesita tener una rutina, referencias, etc.”, reiteró.
Desirée ha sido citada hoy al IES San Miguel para defender a su hija ante el expediente de expulsión, “ya que la niña no tiene capacidad para declarar”. Mientras que durante la semana solicitará una nueva cita en el Centro de Salud para pedir un cambio en la medicación.
Falta de recursos
Tras comentar esta situación a otras familias de alumnos con necesidades especiales, afirman que “es habitual” lo que consideran un “acoso” al que les “someten” desde los centros ordinarios (Infantil, Primaria y Secundaria) “para que cambien de modalidad educativa”, quizás por la falta de recursos. Hay que recordar que los cambios de modalidad deben realizarse con la firma voluntaria de los padres, “pero sin haber atendido todos los recursos previamente, son contra derecho de la niña”. Hay un desborde en las plazas de NEAE, incluso en la modalidad de centro específico, de todos aquellos niños o niñas que no desean en aulas Enclave o de Transición a la Vida Adulta. “La calidad de atención de los menores con necesidades especiales va en relación a la paciencia y dedicación de los profesionales a su cargo”, lamentó Desirée.
Debe estar en un Centro Especial, señala la Consejería
Cuestionada por esta situación, la Consejería de Educación matizó que la menor tiene autismo y trastornos graves de conducta. El último informe indica que la menor “debería estar en un Centro de Educación Especial (CEE)”, porque es donde están los recursos y los medios para que esté mejor atendida, no en un centro ordinario. Reconoce que “es una situación compleja”. Este alumnado con trastornos puede tener episodios violentos con el profesorado y otros alumnos.
Educación entiende que la madre quiera que continúe en el centro ordinario acogiéndose al informe anterior, pero “debe tener en cuenta las circunstancias actuales”, y reitera que es mejor que acuda a un CEE con mayores recursos. El informe inicial se hace desde la orientación de zona y luego, cuando es revisado por el técnico responsable del equipo TGD, se indica que debe cambiarse. En cuanto a la expulsión del centro, afirma que se “aplican las normas de convivencia de un centro ordinario”, aunque su conducta sea provocada por su trastorno.
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