Lleva un año y medio capitaneando una de las áreas municipales más castigadas por la pandemia de la COVID, la de los servicios sociales. Solo este año se ha atendido a más de 11.000 familias, de las que 3.000 nunca antes habían tenido que recurrir a la ayuda municipal. Cuando acabe el año se habrán abonado más de 11 millones en prestaciones de emergencia, con las de alimentos y alquileres a la cabeza. Son unos números que Rosario González, concejala de Acción Social de Santa Cruz, admite que van a quedarse un tiempo, porque “aunque la recuperación económica y sanitaria empieza a verse, el efecto social que ha tenido la pandemia va a tardar más en desaparecer”. A pesar de todo, cree que el próximo año los servicios sociales deberán empezar a encaminarse a un sistema menos asistencialista, y más centrado en la intervención con las personas, en el acompañamiento. “Vamos a implementar un sistema denominado Robotic que se va a encargar de todos los procesos automáticos, liberando a nuestros trabajadores sociales para que tengan más tiempo para la intervención con los usuarios”, apunta. También hace una advertencia sobre lo que puede pasar de aquí a final de año si no logran sacar adelante una última modificación presupuestaria: “Ojalá que solo sea que se retrasa el pago de algunas ayudas sociales, y que no es que no haya crédito”. Esto, explica, podría pasar por la impugnación que el PSOE ha hecho sobre el uso de 2,5 millones del remanente de tesorería del IMAS destinado a prestaciones y a contratos de emergencia.
-Todo el mundo habla de la recuperación económica que se adivina en este final de año. ¿Los Servicios Sociales notan esa mejora?
“Es cierto que nos estamos recuperando sanitaria y económicamente, pero las consecuencias sociales pueden durar algo más. Para recuperarnos necesitaremos más tiempo, y seguir trabajando, haciendo una buena intervención con las familias, de cara a que puedan salir del sistema”.
-Hace unos meses se indicaba desde el IMAS que el gasto en las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) superaría los ocho millones de euros a final de año. ¿Se ha alcanzado ya esa cifra?
“Al final de año va a ser más de lo que teníamos previsto, estamos en ocho millones ya, y quedan algo menos de tres meses para acabar el año. Estimamos que vamos a estar en torno a los 11 o 12 millones de euros”.
-¿Tienen crédito suficiente o tendrán que hacer una modificación presupuestaria?
“Ahora mismo estamos en una situación un poco delicada en ese tema. Teníamos aprobada una modificación de crédito de 2,5 millones, que a día de hoy tendríamos que tener para nuestro uso, pero el PSOE impugnó dicha modificación de crédito, por lo que no tenemos ese dinero disponible. Esto nos ha dejado en una situación un poco complicada, porque contábamos con que tendríamos ese dinero ya, y se está retrasando mucho debido a toda la gestión administrativa que conlleva resolver una impugnación, poniendo en peligro incluso ayudas tan esenciales como pagos de alquiler, alimentación, agua y luz”.
-¿Hay riesgo de que la gente cobre más tarde o que incluso no reciba la ayuda correspondiente?
“Eso es algo que a día de hoy no lo puedo asegurar. Ese es el miedo que tenemos. Precisamente, lo que ha supuesto esta impugnación es eso, que en este momento no podamos asegurar que alguna familia sufra algún retraso. Espero que solo sea eso, un retraso, y no que no haya crédito disponible. Confío de verdad en que no tengamos que vernos en ese punto, y lo máximo que se produzca sea un retraso en el pago de las prestaciones”.
-¿Hay un plan B si se retrasa más de lo previsto la resolución de esta impugnación?
“El plan B sería recurrir al Ayuntamiento, a Hacienda, que este año nos ha atendido en todo lo que hemos solicitado. En principio, la modificación presupuestaria iría al Pleno de este mes, con lo que el próximo mes ya tendríamos ese dinero disponible. Sí es verdad que hemos tenido que ajustar mucho la planificación porque ese dinero tenía que habernos llegado el mes pasado. A lo mejor tendremos que ajustar los pagos con algunos proveedores, aunque, por supuesto, la prioridad serán las personas y familias de nuestro municipio”.
-¿Y cómo se afrontan los servicios sociales de cara a 2022?
“Tenemos un objetivo, más allá del apoyo a las personas y sus familias, que seguirán teniendo cubiertas sus necesidades básicas, y es el de poder centrarnos más en una mayor intervención, salirnos del asistencialismo, y entrar a tener una mayor intervención con las familias. Todos somos conscientes de que si damos una ayuda económica, pero no ayudamos a solventar bien la situación social o laboral de las personas, lo que estamos haciendo es solucionar el problema en ese momento, pero a largo plazo no. Los objetivos que nos hemos marcado son los de mirar más a largo plazo y para ello nos vamos a apoyar en la digitalización de procesos”.
-¿En qué consiste esa digitalización?
“Queremos implantar un sistema de robotización de ciertos procedimientos, a través de unos programas denominados Robotics, de forma que los plazos burocráticos se van a acortar, y eso nos dará más tiempo para que los profesionales puedan dedicarlo a la intervención real con las familias. Con estos programas haciendo parte del procedimiento administrativo conseguiremos que, por ejemplo, el tiempo que un funcionario dedica a comparar documentos contables pueda usarlo para las familias, porque ese trabajo lo puede hacer una máquina, que trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Es tiempo que se libera para que el personal pueda dedicarse a intervención”.
-Uno de los caballos de batalla de su área ha sido el de incorporar más trabajadores. ¿Podrá sumar nuevas piezas en 2022?
“Ahora mismo estamos trabajando con Recursos Humanos para modificar la RPT de cara a 2022. Pero ya en 2021 hemos incorporado personal. Por ejemplo, hemos creado un servicio de urgencias, con 18 personas (entre trabajadores sociales y administrativos), un equipo de emergencia que ha permitido que liberemos a los trabajadores sociales de base de esa atención. También hemos incrementado el equipo de atención a la discapacidad con una nueva educadora social, un trabajador social y dos auxiliares administrativos, y tenemos la idea de poder aumentar el área de mayores, que es lo que prevemos para 2022”.
-¿Ya sabe en cuánto va a aumentar su presupuesto?
“Tenemos previsto un aumento, tal y como nos ha confirmado Hacienda, pero no queremos que solo refleje el incremento en prestaciones básicas, algo que todas las familias van a tener cubierto. Estamos enfocados a la ampliación de programas y servicios, en atención a las familias, en trabajar incluso desde la infancia o en la prevención de la soledad en las personas mayores. Eso es lo que queremos impulsar en 2022, salir de un sistema asistencial, y ese objetivo será más fácil de alcanzar en la medida en que otras administraciones vayan garantizando sus competencias”.
-¿Cómo cuales?
“Por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital. Era una buena opción que nos permitía intervenir más, porque las familias ya tenían un ingreso. Pero al final, en vez de ser una medida efectiva, ha sido efectista, porque no ha llegado a todas las familias. El último dato que leí es que el 9% de la población canaria lo estaba percibiendo, por eso creo que en esta línea debemos trabajar todas las administración en conjunto. Si tenemos soporte económico también desde otras administraciones, será más fácil que podamos dedicar más tiempo a intervenir con las familias”.
-¿Qué modelo tiene en mente a la hora de llevar a cabo esas intervenciones?
“El modelo en el que pensamos es uno centrado en la persona y su entorno. Cómo trabajadora social que he sido, es fundamental que no sea a demanda del usuario, sino que nosotros podamos tener una planificación, e ir acompañándolo en el camino, que no vea a los servicios sociales como un lugar al que llamar cuando tiene un problema, sino estar a su lado, acompañándolo en el camino, con los recursos, informándolo… El otro día me comentaba un trabajador social que para él la mayor alegría es poder darle una prestación económica a una familia que acaba de conseguir un trabajo, porque eso quiere decir que está saliendo del sistema. Eso es fundamental, intervenir en todos los pasos, y teniendo en cuenta que siempre vamos a estar ahí, porque al final la vida nos demuestra que una situación de necesidad se puede generar en cualquier momento, y este año lo pudimos ver con la COVID”.
-¿Estarían vinculadas las ayudas a recibir ese acompañamiento?
“En principio no, porque ahí estaríamos limitando derechos de las propias personas, y creo que tampoco es el camino. La gente no tiene que sentirse obligada a llevar el proceso, se tiene que sentir acompañada, y ver por sí misma que eso es realmente lo que necesita. Si una persona acude a una formación o a cualquier otro tipo de acción porque si no, no le van a dar esa contraprestación, no vamos a tener la necesidad de cambio”.
-Habla de lo que ha supuesto la pandemia, con situaciones generadas de la noche a la mañana, ¿qué perfiles están encontrando que antes no tenían?
“Este año estamos hablando de 3.000 unidades familiares nuevas, gente que nunca se había visto en la necesidad de acudir a los servicios sociales, y ahora lo está haciendo. Lo importante es que estamos respondiendo a todas estas familias. De lo que se trata es que esa ayuda sea puntual, que no se cronifique”.
-Otro caballo de batalla es la situación de las personas sin hogar, ¿qué se está haciendo para mejorar este tema?
“A parte del recurso del Centro Municipal de Acogida (CMA), este año hemos incrementado en un piso más, el hogar para jóvenes sin hogar, que es para perfiles muy jóvenes, que veíamos que entraban en el albergue y que no era el recurso más adecuado para ellos. Teníamos un piso y sumamos otro. También hemos aumentado la dotación al programa Housing First, que está dando muy buenos resultados para sacar a gente de la calle. También es verdad que nuestra idea es salirnos de ese modelo del CMA, salir de ese macrocentro. Es un proceso largo que va a llevar su tiempo, pero la idea es ir creando pequeños recursos, de forma que, cuando estén creados, ir disminuyendo las plazas del CMA. En esto creo que es fundamental la colaboración de otros municipios. En cuanto el resto pueda tener sus propios recursos alojativos, podremos salir del albergue como lo conocemos hoy”.
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